VITORIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
En el caso de Iruña-Veleia se investiga una supuesta trama de adulteración de vestigios romanos, principalmente del siglo III d.C, descubiertos entre 2005 y 2006 en el yacimiento alavés de Iruña-Veleia, en el que Eliseo Gil desempeñaba el cargo de director de excavaciones.
Gil aseguró que había encontrado entre 400 y 450 ejemplares "extraordinarios" que presentaban grabados en euskera y latín, lo que supondría una revolución sobre la presencia del euskera y la llegada del cristianismo al territorio.
El pasado mes de mayo, el exdirector del yacimiento recurrió el auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Vitoria que decretó la apertura de juicio oral. En el mismo, se estimaba que el director de las excavaciones y el resto de encausados, "de común a acuerdo" y para "obtener un beneficio económico y prestigio profesional", realizaron las inscripciones en euskera sobre las piezas halladas en el yacimiento.
La jueza subraya que la falta de autenticidad de estos grafitos "viene acreditada" por informes del Instituto del Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y restauración de Bienes Culturales.
Frente a dichos informes, señala que el responsable de la excavación se puso en contacto con otro de los encausados para "urdir un plan" con el que justificar la existencia de los supuestos "grafitos excepcionales", para lo que realizaron informes "falsos".
Además, indica que la Diputación Foral de Álava pagó más de 12.500 euros por dos de estos informes que los acusados aseguraban que se había realizado por unos laboratorios de Francia.
EL AUTO
La Audiencia Provincial de Álava ha analizado la resolución dictada en mayo, y en un auto que ha hecho público este jueves, ha admitido parcialmente el recurso presentado por los acusados.
El auto señala que no cree que existan indicios de estafa en el acto de mostrar al público la existencia de una serie de hallazgos y no aprecia indicios de un posible "desplazamiento patrimonial" o lucro.
Sin embargo, la causa continúa al estimar que hay suficientes indicios de una presunta estafa en lo relativo a los informes y que se produjeron daños a los objetos del yacimiento. El auto es firme y en consecuencia, no cabe recurso.
