MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las actuaciones llevadas a cabo por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) en coordinación con la Agencia Española de Protección de Datos han permitido averiguar que el día del incidente se produjo una brecha de seguridad en la versión LexNET 4.10.10 que afectaba a la versión web y que hacía posible el acceso a buzones de otros usuarios previa modificación consciente de la dirección que aparece en el navegador (URL) y, concretamente, del identificador del usuario visible en la misma.
El sistema LexNET es utilizado por abogados, procuradores, graduados sociales, centros penitenciarios, funcionarios de la Oficina Judicial, Policía Nacional, policías locales, Guardia Civil y hospitales --que lo emplean para remitir atestados o partes de lesiones--, pero no es usado por los jueces y sólo mínimamente por los fiscales (en pruebas piloto y con ocasión de aceptar notificaciones), según recuerda el CGPJ en un comunicado.
Del resultado de la investigación se desprende que no todos los tipos de cuentas quedaron afectados, sino sólo las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales, en tanto que otras más sensibles, como las de la Fiscalía, juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicios jurídicos de las comunidades autónomas y Seguridad Social, no se vieron afectadas por el incidente.
Por otra parte, de acuerdo con los informes recabados, el acceso a un buzón ajeno no permitía realizar acciones consistentes en el acceso a expedientes completos, acceso a notificaciones no practicadas en caso de usuarios distintos a procuradores, ni realizar presentaciones de escritos en nombre de terceros, ni la posibilidad de borrado manual y modificación de datos del sistema.
"En este sentido, puede afirmarse que la quiebra de seguridad (*) no afectó a ficheros jurisdiccionales, cuya independencia y autonomía respecto a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias es completa, de manera que la seguridad, tanto de los sistemas de gestión procesal como de los ficheros jurisdiccionales, ha estado siempre salvada", ha concluido la Comisión Permanente.
De este modo, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado archivar el expediente y dar traslado a la Agencia de Protección de Datos --órgano competente para determinar si han existido posibles vulneraciones en materia de protección de datos de carácter personal en ficheros no jurisdiccionales-- a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento.
