El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea se redactó para no tener que aplicarlo nunca. El desprecio continuado del Gobierno nacionalista polaco a la separación de poderes ha obligado a la Comisión a invocar formalmente el precepto por primera vez. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, respalda la decisión en buena medida por su largo contencioso con los hermanos Kaczynski. La puesta en marcha del artículo 7 es un paso importante para afirmar valores europeos.
Pero debe hacerse dejando a un lado enemistades personales y, sobre todo, sin tinte dramático alguno, para no retroalimentar el victimismo anti-europeo en Polonia. Ante la futura ampliación al Este, la UE decidió dotarse en 1997 de un procedimiento de sanción en el caso de violaciones serias de los principios democráticos en un Estado miembro. Preveía nada menos que la suspensión del derecho de voto de un Estado en el Consejo. Reformas posteriores lo convirtieron en un mecanismo escalonado, para que hubiese posibilidad de supervisión europea y diálogo con el posible infractor, con el fin de disponer de más opciones que la reacción tajante desde Bruselas en el último momento.
El Ejecutivo de Varsovia ha dispuesto de dos años para corregir las medidas que le permiten controlar a su antojo el nombramiento de jueces y la evolución de sus carreras. Una de las maneras de reforzar la legitimidad social de la UE es hacer más patente el conjunto de valores democráticos que la inspiran y contrapesar así su imagen tecnocrática. Pero para que la actuación de las instituciones europeas favorezca a los polacos que no quieren vivir en una democracia no liberal, Bruselas tiene que actuar desde una visión imparcial y medida. Se trata de defender una Comunidad de Derecho supranacional, no de ganar un pulso. Los ejecutivos húngaros, checos y eslovacos es muy probable que respalden al Gobierno polaco y en su momento impidan la unanimidad que permitiría llegar hasta el final del procedimiento. La Comisión prevé esta posibilidad y sabe que el recurso al Tribunal de Justicia de la UE sería entonces su baza definitiva.
