MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que es la primera vez que se presenta un plan normativo de esta naturaleza por parte del Gobierno de España y con el que se sitúan en la "regulación inteligente" que impulsa la Unión Europea.
En concreto, el Ejecutivo contempla la aprobación el próximo año de 287 normas, de las cuales 9 tendrá rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de real decreto; y se procederá a la transposición de 52 directivas comunitarias. Además, se prevé la posible aprobación de otras normas, como las que deriven de los trabajos que se están llevando ya en comisiones parlamentarias del Congreso.
UN PLAN ABIERTO, NO "RÍGIDO"
"El plan no es rígido y es posible que a lo largo de la legislatura se plantee la necesidad de aprobar otras normas que inste el poder legislativo", ha indicado Sáenz de Santamaría, que ha subrayado además que este plan normativo aumenta la transparencia porque los sectores afectados por la regulación y los propios ciudadanos podrán anticiparse y hacer llegar sus sugerencias al Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que con este plan pretenden racionalizar la actividad de producción normativa, reforzar la seguridad jurídica y predictibilidad del ordenamiento, y mejorar la calidad de las normas, permitiendo su evaluación periódica.
De hecho, el propio plan identifica las normas que han de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación para evaluar su "eficacia, eficiencia y sostenibilidad" En concreto, 49 proyectos se someten a este procedimiento de evaluación normativa.
LEY DE MENORES SIN ALCOHOL
En el capítulo de Asuntos Sociales, el Gobierno avanza que en 2018 aprobará la Ley Orgánica de modificación de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en línea con el acuerdo alcanzado en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso. También impulsará una Ley de menores sin alcohol, con medidas preventivas, al tiempo que dará luz verde al reglamento que desarrolla la Ley del Voluntariado.
En cuanto a la protección del Medio Ambiente, el plan normativo incluye la Ley de cambio climático y transición energética; la norma por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte; y la ley por la que se modifica la norma que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
LEY SOBRE EL REGISTRO DE NOMBRE DE LOS PASAJEROS
En el ámbito de la legislación civil, penal y procesal, el Ejecutivo prevé la modificación del Código Civil, el Código Mercantil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En concreto, quiere sacar adelante en 2018 la Ley orgánica sobre el registro de nombre de los pasajeros para la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delincuencia grave; la ley de modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; la ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza; y reglamentos de desarrollo de la Ley de Transparencia y de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subdidiaria.
En materia económica, el Gobierno contempla aprobar una ley del sistema institucional de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero; y la ley de transposición de la directiva reguladora del Mercado de Valores. Asimismo, está prevista la transposición de directivas para reforzar la movilidad de los trabajadores en Estados miembros en materia de derecho de pensión, así como modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades.
En materia de Hacienda y financiación autonómica y local, el plan anual normativo incluye la Ley orgánica de modificación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas y la correspondiente a las haciendas locales, lo que dependerá de los acuerdos que se consigan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a nivel parlamentario.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha descartado que la aprobación del nuevo sistema de financiación vaya a prolongarse necesariamente a lo largo del ejercicio 2018, y ha apuntado que "se trata de echar a andar" e intentar conseguir el "doble acuerdo" entre las administraciones y a nivel político, al tratarse de una ley de "mucho calado".
La vicepresidenta del Gobierno ha señalado también que el próximo año también se tramitará el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, así como el inicio de la tramitación de las cuentas públicas de 2019.
