Se trata de una medida solicitada por la Fiscalía General del Estado y por el pleno del Consejo Fiscal que consiste en fijar un periodo transitorio hasta el año 2020 por el que se otorga un plazo extraordinario de diez días para que surtan efectos las notificaciones y emplazamientos que los órganos judiciales remiten al Ministerio Fiscal.
La iniciativa se encuadra en la estrategia de transformación digital de la Justicia que está impulsando el Gobierno y ha permitido la implantación generalizada de las comunicaciones electrónicas desde el 1.1.16 y la digitalización del 91% de los órganos unipersonales, el 100% de las audiencias provinciales y el 100% de los tribunales superiores de justicia del territorio Ministerio.
Dentro de dicha estrategia, un proyecto fundamental es la digitalización de las fiscalías que viene desarrollándose desde 2016 en la colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia.
Fruto de esta colaboración, el Ministerio de Justicia ha desarrollado el programa Fiscalía Digital que dará cumplimiento a la ley 18/ 2011 en las fiscalías del territorio Ministerio, permitiendo la tramitación electrónica de los asuntos, el intercambio de información digital con los órganos judiciales y la visualización del expediente digital por parte de los fiscales en los procedimientos que tengan que intervenir.
La implantación del programa Fiscalía Digital se ha iniciado en este año 2017 con dos pilotos en Valladolid y en Badajoz, desplegándose posteriormente a otras 17 fiscalías de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en las que se han formado 335 usuarios y entregado 109 tabletas de última generación a los fiscales para que puedan trabajar en movilidad con el expediente digital.
Con la proposición de ley aprobada se le da al Ministerio Fiscal y a las administraciones con competencias transferidas en materia de Justicia el tiempo suficiente para culminar la implantación de las herramientas digitales y promover los cambios organizativos necesarios en el ámbito de las fiscalías para adaptarse a los nuevos métodos de trabajo. Todo ello con vistas a preservar la eficacia del Ministerio Fiscal, institución fundamental de nuestro Estado de Derecho en la defensa del principio de legalidad y los derechos de los ciudadanos.
