Acuña Arroyo, que se encuentra actualmente en prisión provisional desde su detención en Madrid el pasado día 5 de febrero, fue juzgado por los hechos sucedidos durante marzo del año 2006 cuando en calidad de comandante del grupo militar colombiano Gaula, presentó a sus superiores un informe que justificaba la muerte de dos civiles en la localidad colombiana de Montería como consecuencia de un enfrentamiento armado.
Según los hechos juzgados y el relato de la Fiscalía colombiana, ese combate no se produjo y las dos víctimas fueron reclutadas mediante engaños y promesas de ofertas laborales en Caucasia (Antioquia). Desde allí, ambos fueron conducidos hasta Montería con la promesa de trabajar en fincas de la zona, pero tras su llegada se les trasladó en una camioneta del grupo militar Gaula y fueron asesinados en el trayecto.
Aunque Acuña Arroyo fue condenado ya en junio de 2009 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Montería, el Tribunal Superior de dicho distrito aceptó un recurso por el que se le absolvía. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia volvió a hacer firme esta condena de 28 años de prisión, por la que las autoridades de dicho país habían solicitado la extradición.
