MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Los dirigentes de Batasuna en Francia Jean Claude Aguerre y Xabier Philippe Larralde han aceptado este jueves la condena de un año y medio de prisión al reconocer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que intentaron recomponer el partido ilegalizado por el Tribunal Supremo en marzo de 2003.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha celebrado este jueves una vista oral estos dos acusados por intentar renovar el entramado institucional de ETA-Batasuna y de sus sucesores Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV). Por estos hechos ya fueron juzgados entre finales de 2015 y principios de 2016 un total de 35 dirigentes de la izquierda abertzale, entre ellos algunos históricos como Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.
Estas 35 personas --para los que Fiscalía pedía 10 años de prisión para cada uno de ellos-- reconocieron haber sido "instrumentalizados" por parte de ETA y aceptaron, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones populares Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, las condenas que oscilan entre años y medio y dos años de cárcel por pertenencia a organización terrorista.
Ahora, Larralde y Aguerre, que según el escrito de acusación del Ministerio Público, han hecho lo mismo que sus compañeros, por lo que se le ha aplicado el mismo acuerdo alcanzado. Según el escrito del Ministerio, que inicialmente solicitaba siete años de prisión para estos dos acusados por el delito de pertenencia, formaban parte en 2007 junto a otra veintena de personas de la Mesa Nacional del partido ilegalizado, concretamente en representación de las provincias del País Vasco Francés.
SE COMPROMETIERON A RENUNCIAR A LA VIOLENCIA
En esa conformidad se acordó que, por un lado que los procesados reconociesen que sus actividades fueron contrarias a la legalidad y mostraron su "compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el daño y sufrimiento que se les ha causado".
Todos reconocieron los hechos objeto de acusación basados en que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.
Por otro lado, según el texto del acuerdo, la ejecución de las penas era suspendida habida cuenta del "reconocimiento de los hechos y de voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo". Las condenas fueron reducidas con la atenuante de dilaciones indebidas, al haber transcurrido más de cinco años desde el escrito de acusación hasta el inicio del juicio oral.
