VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
Este lunes, a las 9.30 horas, está previsto que el ministerio fiscal comience a exponer las conclusiones de la pieza principal de este procedimiento. Precisamente esta misma semana, esta acusación adelantó las penas que va a reclamar para cada uno de los acusados y los delitos que les atribuye.
En ese escrito, consultado por Europa Press, Fiscalía informó de que iba a aumentar la pena requerida para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta --de 12 a 24 años de prisión-- y para el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo --de 14 a 24 años--.
A estos dos acusados les reclama más pena al dividir en dos los delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales. Esto es, les atribuye los mismos delitos dos veces porque se cometieron en dos lugares distintos: Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales (Epsar).
Para el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, rebaja la pena de prisión de 14 años a 10, mientras que para el exjefe de Explotaciones de la misma entidad Ignacio Bernácer, la pena que le solicita se queda en tres años y seis meses después de que éste admitiera los hechos que se le atribuían y devolviese parte del dinero desviado.
Otros acusados que han conseguido una rebaja en la pena requerida por la fiscal son Santos Peral, exjefe de contabilidad y que tenía responsabilidad políticas en el PP de València, para el que reclama nueve meses y un día de cárcel sustituible por una multa de 3.360 euros; e Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, que se enfrenta a la misma pena que Santos Peral.
Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se enfrenta a 10 años de prisión; Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, a dos años y medio; y Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, a cinco años de cárcel.
Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, la Fiscalía solicita ocho años de prisión; para María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín', dos años y medio; para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, cinco años; para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis, 10 meses y tres días de cárcel; para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Área Este y CRM Adecua, siete años; y para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel.
Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, se enfrenta a 11 meses de prisión; igual que Leonor Moreno, abogada de la entidad y Luis Antonio Botella, abogado y primer teniente alcalde de Moncada. Así mismo, Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se enfrenta a cinco años de prisión; Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, a siete años; y José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, a un año y nueve meses.
INDEMNIZACIÓN CONJUNTA DE 23,5 MILLONES
Los acusados, además, según requiere la Fiscalía, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Epsar y a Emshi en 23.501.620,35 euros más los gastos derivados del proceso de liquidación cuantificados hasta este momento en 8.194.472,11 euros y los 3.185.550,72, si se confirman las sanciones tributarias impuestas o, en su caso, en la cuantía que se determine una vez concluya el procedimiento administrativo.
El caso Emarsa, dividido en más de una decena de piezas, se investigó durante alrededor de cinco años. Saltó a la luz en el año 2010, cuando el PSPV denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones más.
Al año siguiente, en 2011, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia abrió una investigación que salpicó a políticos y empresarios y obligó a dividir el procedimiento en diferentes piezas para agilizar los tiempos.
