MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Alto Tribunal acaba de dictar dos sentencias por las que confirma la concesión de un total de 80 licencias de VTC que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid.
En concreto, estima los recursos presentados en su día por las firmas Jojucar y Gran Vía Rent a Car, y por tanto les concede sesenta y veinte licencias respectivamente.
Se trata de las primeras licencias de las miles, unas 10.000 según estimaciones de los ayuntamientos, que se espera que los tribunales ratifiquen en virtud del referido periodo de tiempo, en el que estuvo vigente una ley que liberalizaba el sector y no fijaba una proporción entre el número de licencias de taxi y de los VTC.
Posteriormente, en noviembre de 2015, el Gobierno cambió la legislación e impuso por Real Decreto la concesión de una licencia VTC por cada treinta que se otorgara al taxi.
No obstante, los solicitantes de VTC a los que las administraciones negaron licencias durante esos años recurrieron los rechazos que en algunos casos sus solicitudes recibieron de la Administración a los a los tribunales, que ahora les están dando la razón.
El aluvión de unas autorizaciones para empresas como Uber y Cabify tendrá así lugar en tanto este sector mantiene un enfrentamiento con el del taxi, que denuncia intrusismo y competencia desleal, y mientras el Ministerio de Fomento ultima un Decreto Ley con medidas para reforzar el control de todo el sector.
Entre las medidas que diseña el Departamento figurará la prohibición de que las empresa de VTC vendas las licencias en los dos años después de su concesión, a recoger sus servicios en un registro público y a llevar una matrícula que les diferencie de los taxis, entre otras iniciativas.
Por el momento, en sus dos primeras sentencias sobre el sector, el Supremo autoriza licencias que incluso no se pidieron entre 2009 y 2013, sino en 2014.
NO ENTRA A VALORAR EL "ACOMODO LEGAL".
El Alto Tribunal indica que ha examinado si la petición tenía que haber sido denegada por las limitaciones incluidas en la reforma de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre aprobada en julio de 2013.
No obstante, concluye que no puede denegarla porque "aún no se había producido el desarrollo reglamentario de las limitaciones y restricciones que incluía, que finalmente se produjo en noviembre de 2015 a través de Real Decreto".
El Tribunal Supremo asegura que en sus sentencias no entra a valorar "el acomodo a la legalidad" de este Real Decreto, discutido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV), dado que directamente "no es aplicable por razones temporales".
En este sentido, recuerda que contra el Real Decreto de 2015 hay planteados, y aún no resueltos, varios recursos, uno de ellos del 'superregulador' que preside José María Marín Quemada.
En tanto se resuelve la pertinencia legal de establecer la cuota proporcional de una licencia de VTC por cada treinta del taxi que fija el Real Decreto, está previsto que los tribunales sigan concediendo licencias denegadas a pesar de la liberalización abierta entre los años 2009 y 2013, continuando así con la concesión de estas ochenta primeras.
Las administraciones locales calculan que por esta vía judicial pueden aprobarse unas 10.000 nuevas licencias de empresas como Uber y Cabify. De esta forma se triplicarían las alrededor de 6.000 que el sector tiene actualmente, y que ya de por sí triplican a las 2.200 que tendría que tener en virtud del ratio 'una por treinta' que fija la ley.
