Desde que en 1980 se promulgó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada con un amplio consenso parlamentario, nuestro país ha conseguido consolidar un modelo ejemplar de gestión de la libertad religiosa. Esta norma ha permitido crear una serie de herramientas de gran utilidad como el Registro de Entidades Religiosas o la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, así como la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación como los que hoy se conmemoran, entre el Estado y las confesiones religiosas con notorio arraigo en nuestro país.
Durante este acto conmemorativo, que ha contado con la presencia de las agrupaciones que representan a las confesiones religiosas firmantes de los acuerdos, como son la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España, Catalá se ha referido a los notables avances conseguidos durante los últimos 25 años.
Así, desde el punto de vista de la legislación estatal, se reconoce la eficacia civil del matrimonio celebrado bajo otros ritos diferentes al de la Iglesia católica y se ha integrado a los ministros de los diferentes cultos en el régimen de la Seguridad Social, asimilados a la situación de los trabajadores por cuenta ajena.
Igualmente, durante estos últimos años se ha reconocido el derecho a la asistencia religiosa de estas confesiones en el seno de las Fuerzas Armadas, en los hospitales y dentro de los centros penitenciarios, así como el derecho de acceso a los medios públicos de comunicación, reconociéndose también algunas ventajas y exenciones de carácter fiscal y tributario similares a las obtenidas por la Iglesia católica.
El ministro de Justicia se ha referido a los diferentes hitos relacionados con esta materia desde que hace casi 40 años nuestra Constitución reconocía en su artículo 16.1 la libertad religiosa como un derecho fundamental, a la vez que proclamaba en el 16.3 la aconfesionalidad del Estado.
Rafael Catalá ha destacado también el papel de la Fundación Pluralismo y Convivencia creada en 2004, dependiente del Ministerio de Justicia. Desde entonces, la Fundación ha invertido 35 millones de euros en subvenciones destinadas a promover actuaciones o proyectos específicos de las confesiones judía, musulmana y evangélica, enfocados a facilitar su asentamiento e integración en la sociedad y difundir un mejor conocimiento y visibilidad de sus realidades.
