MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que advierta a los miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña -entre ellos la expresidenta Carme Forcadell-- de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga la puesta en marcha de los acuerdos por los que esta cámara -posteriormente disuelta- aprobó el pasado viernes una declaración unilateral de independencia.
Así se señala en el recurso, por vía del denominado incidente de ejecución de sentencia, que ha sido presentado este mismo lunes por la Abogacía del Estado y que será estudiado por el TC previsiblemente en el Pleno de esta semana, han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.
En él se pide que las resoluciones adoptadas el pasado viernes por el Parlamento de Cataluña denominadas 'Declaración de los representantes de Cataluña' -por la que se declaró la independencia- y "Proceso constituyente" sean declaradas nulas y sin efecto jurídico alguno.
Ha utilizado esta vía procesal al estimar, al igual que en resoluciones anteriores del Parlament, que la simple discusión de los escritos presentados por los grupos parlamentarios Junts pel Sí y la Cup suponen ignorar la sentencia dictada por el tribunal de garantías en diciembre de 2015 por la que anuló la hoja de ruta del proceso soberanista.
El TC ya analiza ambas resoluciones parlamentarias tras haber admitido a trámite el pasado viernes el recurso de amparo presentado por el PSC contra la decisión de la Mesa del Parlamento de Cataluña de tramitar las resoluciones que dieron lugar a la declaración unilateral de independencia (DUI). Los magistrados rechazaron por el momento dejar en suspenso los efectos de dicha declaración aunque dio tres días a la Fiscalía y al resto de partes para que se pronunciaran al respecto.
SUSPENSIÓN MIENTRAS SE ESTUDIA EL FONDO
En su recurso, el Gobierno también invoca el artículo 161.2 de la Constitución de modo que la mera tramitación de este recurso "produzca la suspensión automática de las resoluciones impugnadas".
En un escrito de 36 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que las dos resoluciones del pasado viernes pretenden desarrollar la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña con una finalidad común que es la independencia de Cataluña, la aplicación de un régimen transitorio y el inicio del denominado proceso constituyente, por lo que "manifiestan claramente el incumplimiento de los requerimientos anteriores hechos por el Tribunal Constitucional dirigidos al Presidente y al Gobierno de la Generalitat y a la presidenta y a la Mesa del Parlamento de Cataluña".
El Gobierno incide en su recurso en la necesidad de adoptar las medidas de ejecución necesarias para la efectividad de sus peticiones y por ello también solicita la deducción de testimonio para exigir, en su caso la correspondiente responsabilidad penal de Forcadell y miembros de la mesa que votaron a favor de la admisión a trámite de las resoluciones. Se trata de los mismos hechos que integran la querella por rebelión de la Fiscalía presentada este lunes ante el Tribunal Supremo.
Finalmente, y "habida cuenta de la extraordinaria urgencia de las medidas solicitadas, se suplica al Tribunal que proceda a cursar las notificaciones con la mayor brevedad posible y por los trámites más inmediatos a su disposición".
