BILBAO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
En las conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales de Magistrados y Jueces decanos de España, que han celebrado estos tres últimos días en el Palacio de Justicia bilbaíno, los jueces decanos consideran "ineludible" para reforzar la independencia del Poder Judicial, modificar la elección de los vocales de procedencia judicial para el CGPJ, de forma que pase a realizarse "por todos los jueces y magistrados de forma universal y directa, un juez un voto" para que "todas las sensibilidades que concurren en la carrera judicial puedan tener presencia".
Los decanos reclaman, en sus conclusiones, "la independencia económica" del Poder Judicial, que "no puede ni debe seguir condicionada por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos", ya que esto "puede derivar en una sutil forma de condicionamiento de la eficacia judicial".
Además, critican que el Poder Judicial español sea "hoy económico-dependiente", cuando "se le debería garantizar autonomía presupuestaria al menos para decidir y dotar las medidas de apoyo, sustituciones y la política de creación de plazas judiciales".
Los decanos entienden que el sistema actual, en el que intervienen el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas, el CGPJ y las Salas de Gobierno, "carece de instrumentos eficaces" para exigir que las administraciones competentes "cumplan sus obligaciones a la hora de poner a disposición de los juzgados y tribunales los medios materiales y humanos, ya que carecen de capacidad para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y la actividad gubernativa queda en algo puramente testimonial, inoperante e inútil".
De hecho, prosigue el escrito, "se trata del único poder del Estado que depende en todo de los demás para disponer de recursos y funcionar eficazmente, lo que implica que la Justicia será lo que los demás poderes del Estado quieran que sea, según le proporcionen los medios necesarios o no", remarcan.
MÁS JUECES
Los congregados consideran "imprescindible" incrementar el número de jueces ya que, en la actualidad, "España tiene la mitad que la media europea". Para ello, ven necesario "elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo", que aspire a situar la ratio de jueces al nivel de los países del entorno".
"Hoy somos 5.692 jueces y juezas en España, 12,2 jueces por cada 100.000 habitantes y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con al menos 9.600 jueces y determinar en qué lugares son necesarios", han precisado.
A los jueces decanos les merece una valoración "positiva", la recientemente anunciada creación de 93 juzgados, pero consideran la cifra "manifiestamente insuficiente", porque España continúa muy lejos de la ratio europea de jueces por habitante, por lo que reclaman como necesaria la convocatoria, como mínimo, de 250 plazas anuales durante cuatro años.
También han solicitado "diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos", porque la plantilla judicial "es un tema pendiente de resolver desde hace años".
REGISTRO CIVIL
Los jueces decanos también han aludido al mantenimiento o salida de los registros civiles de la Administración de Justicia y, en ese sentido, valoran como "acertado" el plan avanzado por el Ministerio a principios de este año para reformar la LRC 2011 y que el Registro Civil permanezca dentro de la Administración de Justicia.
A su juicio, "esta es la solución que se acomoda a la tradición jurídica española, la que mejor garantiza los derechos de los ciudadanos y la que resulta más fácil de poner en marcha desde el punto de vista legislativo, económico y organizativo".
Ahora bien, si los jueces no ostentan "competencia alguna" en esta materia, tal y como prevé el plan del Ministerio, el Registro Civil "no debería permanecer dentro de la Administración de Justicia" porque tiene carácter "finalista", tal como está diseñada constitucionalmente, es decir, "al servicio del Poder Judicial".
En su opinión, "si el propósito es eliminar del Registro Civil a los jueces, lo coherente sería aplicar el modelo que prevé la LRC 2011, 'administrativizando' el Registro Civil" porque, entienden, "la desjudicialización no es quitar al juez, sino extraer el Registro Civil de la Administración de Justicia", reiteran.
SATURACIÓN Y RIESGOS LABORALES
Los jueces denuncian el "reiterado incumplimiento" de la normativa de prevención de riesgos laborales, debido al estado en muchos casos de "abandono" de los edificios judiciales, y creen "alarmante las recientes consecuencias que ello ha tenido, por ejemplo, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, así como en la Comunidad de Madrid, debido a los graves incendios sufridos y otras incidencias".
En esa línea, enumeran "la ausencia o deficiencia del mantenimiento de muchos edificios judiciales, en los que, ni tan siquiera funcionan los servicios de detección de incendios, careciendo algunos de ellos incluso de salidas de emergencia y las insuficiencias en la seguridad de las sedes por recortes de personal", lo que es consecuencia de una "deficiencias de medios para un adecuado control de accesos, sistemas de seguridad obsoletos o inexistentes", que se traduce en "un riesgo inadmisible".
Los Jueces Decanos de España también han querido dejar constancia de que, "a día de hoy, las medidas de refuerzo, consistentes en la especialización de Juzgados para el conocimiento de acciones individuales sobre Condiciones Generales de Contratación, está resultando un completo y absoluto fracaso".
Según critican, "la inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros que prestan su servicio en dichos órganos, y por las oficinas judiciales. Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final".
FIASCO PAPEL CERO
Para el colectivo, la iniciativa de 'papel cero' ha sido un "fiasco" porque la modernización de la Administración de justicia se debe hacer mediante la implantación y desarrollo de sistemas informáticos de calidad que mejoren las condiciones laborales y la agilización de las causas. "El cambio debe realizarse de manera paulatina, respetando los tiempos de adaptación a un nuevo sistema y facilitando la imprescindible formación de todos los intervinientes para que la herramienta sea útil", destacan.
Asimismo, consideran "necesario simultanear el papel con el expediente digital cuando sea preciso", ya que "lo importante es que la transición se haga bien", de forma que no se produzcan disfunciones que hagan cuestionar la implantación de esta herramienta, muy desigual en su implantación en todo el territorio nacional. "El expediente judicial electrónico no puede suponer para el juez más tiempo de trabajo del que comportaba el expediente en papel", añaden.
Finalmente, los jueces decanos reclaman una subida salarial tras los recortes que se produjeron durante la crisis en sus retribuciones. "Exigimos por elementales razones de absoluta independencia institucional que las retribuciones de los jueces pasen a depender del CGPJ, y no del Ministerio de Justicia", concluyen.
