SEVILLA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -
Así se recoge en una resolución emitida en respuesta a una queja de oficio abierta el pasado junio y dirigida a la Consejería de Justicia e Interior interesándose por el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia de Andalucía designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su especialización en los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras públicas, una medida que entró en vigor el 1 de junio.
En el texto de dicha resolución, consultado por Europa Press, Maeztu asegura que las quejas llegadas a la institución reflejan "una severa deficiencia" del sistema judicial, que "evidencia signos próximos al colapso", y asegura que la "saturación" de los órganos judiciales "vuelve a ponerse de manifiesto en esta ocasión".
Así, indica que ahora, los problemas sistémicos de la organización judicial "se concretan ante un nuevo reto como es la litigiosidad que amenaza los juzgados para atender reclamaciones de usuarios y clientes en relación con litigios derivados de las denominadas cláusulas suelo y otros productos financieros de riesgo junto a reclamaciones de contratos de financiación con garantías hipotecarias".
De este modo, recuerda que el primer día de la puesta en marcha de los Juzgados de Primera Instancia designados por el Consejo "se producen serios incidente en varios de los órganos afectados en Andalucía", una extremo que motivó la apertura de la citada actuación de oficio que, asegura, "confirma las graves deficiencias que se pusieron de manifiesto en la fecha de aplicación de las mismas y que implicaban dar contenido al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ".
"El relato de la ausencia de personal, refuerzos judiciales, espacios habilitados en los juzgados asignados o la incomparecencia de personal de apoyo en la fecha de su aplicación implican una desatención que, sin perjuicio de aludir a las dificultades anunciadas desde la consejería, no deberían haberse producido", afirma el Defensor, que apunta que "ante esta situación anómala no puede por menos que reconocer la sorpresa y la decepción de los operadores jurídicos y judiciales que se disponían a trabajar con un nuevo modelo organizativo que nacía sin una operatividad acorde con sus contenidos".
Además, y como valoración general, Maeztu indica que la situación abordada "no deja de ser un ejemplo más de los graves problemas de carga de trabajo que pesan en muchos órganos judiciales en Andalucía que superan en unos porcentajes inadmisibles los indicadores establecidos por el sistema judicial", y señala que "ante esta saturación es comprensible anticipar medidas que mitiguen la presión de miles de demandas que se ciernen sobre los juzgados por motivos de los litigios sobre las cláusulas suelo".
Pero, y sin contar aún con ese análisis de las medidas dispuestas por el CGPJ, "hablamos de un acuerdo adoptado sobre criterios competenciales y de refuerzos de una plantilla judicial que 'per se' reviste graves carencias; y, en todo caso, no dejan de ser actuaciones parciales para abordar las previsiones de un incremento de asuntos en una estructura judicial insuficiente y superada", concluye.
