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Rajoy debe despertar, el tiempo se agota; por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional

06/10/2017
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El día 6 de octubre de 2017, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Jorge de Esteban, en el cual el autor opina que Rajoy debe aplicar el artículo 155 de la CE.

RAJOY DEBE DESPERTAR, EL TIEMPO SE AGOTA

Muchos españoles después de oír al Presidente Rajoy el pasado domingo 1 de octubre, tras contemplar lo que había sucedido en Cataluña durante la celebración del referéndum fraudulento, comprobando que en algunos colegios electorales se ejercía el voto normalmente y en otros, por el contrario, se impedía votar mediante métodos violentos, nos entró la más profunda desazón. Según el presidente del Gobierno “no había pasado nada y no se había celebrado el referéndum”, es decir, lo mismo que dijo hace ya la friolera de tres años, después del 9-N, por lo que la crónica se volvía a repetir. Ahora bien, si Marx decía que la historia se repite dos veces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”, en esta circunstancia se hubiese equivocado, porque ha sido al revés: la farsa fue el 9-N y la tragedia el 1-O. En efecto, en la ocasión anterior no tuvo transcendencia política inmediata, pero en esta situación todo ha sido diferente hasta el punto de que la impresión dominante era desastrosa.

Lo que se deducía es que habíamos perdido tres años, porque el Gobierno no había realizado desde entonces más que parches para evitar el anunciado golpe de Estado que se nos venía encima, dirigido por un Govern que daba la impresión de que era más bien “una asociación para delinquir” que un Ejecutivo serio que se preocupaba de resolver los problemas de los catalanes. Con este ánimo, llegamos al lunes 2 de octubre, pensando que el Estado español estaba en trance de balcanización. Sin embargo, todo cambió con la intervención televisada del Rey en la noche del martes. Los que presenciamos el golpe del 23-F, revivimos por segunda vez, aun siendo republicanos, que no hay más remedio que reconocer que la gran cualidad de nuestra Monarquía es que sitúa al Jefe del Estado “au dessus de la melée” y que cuando fallan estrepitosamente los poderes del Estado, nos queda el arbitraje del Rey para enderezar la situación y recordarnos que el Estado todavía existe. Claro que para ello es necesario que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial vuelvan a recuperar sus deberes y, más concretamente, el presidente del Gobierno, al que hay que recordarle lo que dice Maquiavelo en El Príncipe. Ciertamente, el autor florentino sostiene que la prioridad en la misión de todo Príncipe debe ser la conservación y el mantenimiento del Estado. Por supuesto, según su teoría, este objetivo se fortalecería aún más en el caso de que el territorio de su Estado aumentase y se engrandeciese con sus conquistas. Sea o no así, lo que se deduce es algo lógico que consiste en que la mejor manera de conservar el Estado es mantener y ejercer férreamente el poder frente a los enemigos. Ahora bien, en este sentido, Maquiavelo se adentra por un terreno de afirmaciones y juicios de valor que le conducen, tal vez en contra de que lo que pensaba realmente, a que se crease el “maquiavelismo” o, dicho de otro modo, a que se adoptase la idea de que la astucia es válida para mantenerse en el poder a través de cualquier medio que sea útil, ya que el fin justifica los medios.

Sin embargo, cabe afirmar en su defensa, que él no optó por los medios amorales que se deducen, según muchos, de su doctrina política. Al revés, habría que sostener más bien, como señaló sir Francis Bacon, que se le tendría que agradecer que él mismo fuese tan poco “maquiavélico”, ya que lo que expuso abiertamente y sin ninguna hipocresía fue ni más ni menos lo que le dictó su experiencia a partir de lo que acostumbraban a hacer los políticos de su época y no lo que deberían haber hecho según sus criterios.

Sea lo que fuere, lo cierto es que han pasado cinco siglos y, como acaba de recordar el Rey Felipe VI, el objetivo prioritario de todo gobernante sigue siendo la conservación y el mantenimiento del Estado, aunque ya no rijan en todo caso los métodos que la historia suministró a Maquiavelo. Hoy, concretamente en España, existe un Estado de derecho que teóricamente facilita una panoplia de armas jurídicas para evitar que nuestro Estado democrático se descomponga. En tal sentido, nadie duda de que los separatistas catalanes, los cuales no superan la mitad del electorado de Cataluña, están dispuestos a separarse como sea del resto de España. Pero, curiosamente, mientras que el Gobierno español dispone de instrumentos jurídicos y democráticos suficientes, los que están decididos a lograr la independencia de Cataluña a todo precio, utilizan unos métodos que podríamos denominar “maquiavélicos” en el sentido perverso apuntado. Por de pronto, lo que están tratando de imponer en Cataluña es un régimen totalitario que ya no pueden disimular. La lista de pruebas de esta orientación antidemocrática es ya muy larga, pero basta con que señalemos algunas de las más recientes. Así, el Gobierno controla el Consejo Audiovisual de Cataluña y consecuentemente casi todos los medios de comunicación. Una segunda prueba, que concurre también en el sentido de imponer una ideología totalitaria, es el adoctrinamiento en la enseñanza con el monopolio de la lengua catalana y una Historia manipulada para crear nacionalistas, demostrando, en consecuencia, su estulticia, porque reniegan así de la libertad de expresión que tanto reivindican. Por eso, el Rey en su discurso ha recordado que las actuales autoridades catalanas “han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando -desgraciadamente- a dividirla. Hoy -añade el Rey- la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”.

Ciertamente, la consulta ilegal que se realizó, como es sabido, el 9-N, hizo alarde de la ausencia de todos los requisitos que demanda todo proceso democrático. A buen seguro, el Gobierno central podía haber actuado para impedir ese simulacro, pero no lo hizo. Únicamente decidió intervenir judicialmente, más tarde, por alguno de los presumibles delitos que se cometieron bajo la responsabilidad del presidente de la Generalitat. Pero dio igual. El proceso soberanista siguió adelante con más fuerza que nunca.

El hecho es que el presidente Puigdemont, convertido en un Moisés regional para andar por casa, ha expuesto su hoja de ruta que llevaría a los independentistas a las arenas doradas de las playas paradisiacas. Es más: ya ha anunciado que el lunes próximo se señalará la Declaración Unilateral de Independencia, obligando al Estado a que ponga en práctica la Declaración Unilateral de Delincuencia. Ellos sabrán a que se exponen, porque hay que recordarles que el artículo 70 del Estatut establece que “el presidente o presidenta de la Generalitat y los consejeros, durante sus mandatos y por los actos presuntamente delictivos cometidos en el territorio de Cataluña, no pueden ser detenidos ni retenidos salvo en el caso de delito flagrante”. Dicho con otras palabras, si el lunes el presidente Puigdemont y sus mariachis deciden proclamar la Declaración Unilateral de Independencia, la Guardia Civil, en ese preciso momento, puede detenerlos y ponerlos a disposición judicial.

Sea como fuere, llegados aquí los españoles de dentro y de fuera de Cataluña, estamos atónitos, como si nos hubiésemos convertido en estatuas de sal, impidiendo que podamos actuar como ciudadanos de una democracia. Pero en nuestras manos está que en los próximos días se acuda a las manifestaciones convocadas en favor de la unidad de España y de su integridad territorial.

El presidente Rajoy, que hasta ahora se ha caracterizado por no amparar mínimamente a los españoles que todavía se sienten así en Cataluña, debe despertar de una vez y aplicar el artículo 155, que no ha querido utilizar cuando era aconsejable y necesario, para que sea verdad lo que dijo en 2014, en un viaje a Barcelona, dirigiéndose a una gran mayoría de catalanes: “Nunca tendréis que elegir entre ser catalanes o españoles”. Pero las palabras se las llevó el viento y por eso lo que cuenta son los hechos si no quiere llegar tarde, mal y nunca, a sus promesas, pues el tiempo se agota. Por tanto, lo que se necesita urgentemente es que Rajoy enderece sin retraso lo que el Rey ha denunciado y que tome una decisión en algo que nos afecta a todos por igual, como es la segregación de un territorio que forma parte secularmente de España. En otras palabras, ha llegado el momento, a mi juicio, de la verdad, porque a cuentas hechas, el presidente del Gobierno debe saber que la manera más segura de perder algo, es dándolo previamente por perdido.

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