MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El catedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha advertido este miércoles de que no se puede descargar "exclusivamente" en las espaldas de los jueces la defensa del Estado constitucional, en referencia al conflicto desatado por la deriva independentista en Cataluña.
Durante su participación en un ciclo de conferencias que organiza la Fundación Ankara, el catedrático ha apelado a la necesidad de adoptar las medidas políticas necesarias para evitar la judicialización de la vida pública, que causa, a su juicio "problemas muy preocupantes" para la democracia.
Para Manuel Aragón, "la Justicia está para velar por el sistema legal, lo que implica hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, pero no para solucionar las disfunciones que pudieran existir en el sistema político". Se trata de una tarea que corresponde a los políticos, según defiende el magistrado, que no ha descartado que, en aras de alcanzar una solución al problema catalán, se propongan "reformas normativas".
"Un caso de este tipo de comportamientos lo vemos con el uso desviado de la acción popular en materia penal, e incluso cuando los partidos intentan solicitar por vía jurisdiccional el cumplimiento de los compromisos electorales", ha dicho el magistrado.
POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA
El magistrado emérito del Tribunal Constitucional también ha hecho hincapié durante su intervención en la necesidad de evitar en España la "apariencia" de politización de la Justicia por el grave perjuicio que crea a la institución. Más en concreto se ha referido al actual modo de composición y designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del alto tribunal.
Al respecto ha abogado porque se acometa una reforma del actual sistema de designación, "porque los ciudadanos necesitan tener confianza en la Justicia, sentirse seguros de que los jueces resolverán conforme a Derecho y sin ninguna apariencia de parcialidad". "No basta con designar como jueces a juristas auténticamente solventes; es preciso, además, que su designación no esté mediada, directa o indirectamente, por motivos ideológicos o partidistas", ha dicho.
También se ha mostrado partidario de que los jueces sólo hablen mediante providencias, autos y sentencias, y no expresen públicamente sus opiniones políticas o inclinaciones partidistas. "Un juez tiene, en mi opinión, limitada su libertad de expresión por exigencias de la función que desempeña, y ese límite no me parece de ningún modo inconstitucional".
El ciclo de conferencias organizado por la Fundación Ankara y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, lleva por título 'La judicialización de la vida pública en España' y está previsto que se prolongue hasta la primera decena de noviembre.
