VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Así consta en una sentencia del TSJCV de 15 de septiembre, contra la que cabe recurso de casación, ante el recurso interpuesto por Císcar contra el conseller de Hacienda, Vicent Soler, al considerar que se vulneró su derecho a la información como base de la participación política al negarle Hacienda la copia de ese plan "por el carácter reservado de los actos con trascendencia tributaria".
El Ministerio Fiscal consideraba que esa respuesta implicaba la obstrucción al ejercicio de las funciones de un cargo público, infringiendo así el artículo 23 de la Constitución, mientras la Generalitat defendía la corrección de la actuación.
El tribunal se remite a la jurisprudencia sobre este tema y apunta a la necesidad de "atemperar el requerimiento de información al principio de proporcionalidad", quedando "proscritas las injerencias arbitrarios o desproporcionadas en el derecho a la intimidad de las personas o en la exigencia del deber de información y colaboración tributaria".
Asimismo, recuerda que la Ley General Tributaria establece el carácter reservado de los datos, que sólo pueden ser utilizados para la liquidación de tributos y no cedidos a terceros, salvo excepciones como la colaboración con órganos judiciales para la investigación de delitos, la colaboración con otras comunidades para el cumplimiento de obligaciones tributarias o la lucha contra el fraude, o las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social.
Esa misma ley explica que la Administración "elaborará anualmente un plan de control tributario, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen".
Ante todo ello, el TSJCV considera que no ha existido vulneración de derechos constitucionales en la negativa de Hacienda a facilitar los datos al diputado porque esta es una situación no recogida en los supuestos de cesión a terceros de la ley. Por ello, impone a la parte demandante el pago de unas costas de 1.500 euros.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido a esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, durante la sesión de control, tras las críticas de la portavoz del grupo popular, Isabel Bonig, a la opacidad del Consell, con "nueve sentencias condenatorias por opacidad y por no facilitar documentación a la oposición". Ante ello, ha respondido, la "última es la del señor Císcar y el tribunal dice que no tenemos que facilitar esa información".
