LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Construida en 1900 y situada en la confluencia de la calle José Franchy Roca con la Avenida de Las Canteras, fue incluida en el Catálogo General Municipal de Protección por ser "el único ejemplar existente de la serie de casas de verano y con mirador que formaba parte del paisaje urbano de la Playa".
Esta nueva sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por las dos administraciones contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, aprobado el 29 de octubre de 2012, "en lo relativo a que no reconoció indemnización alguna a los demandantes por la vinculación singular de la citada finca".
El Tribunal Supremo indica que este caso "encaja" en los supuestos contemplados en la ley que dan derecho a una indemnización como ocurre con las "vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa".
LOS PROPIETARIOS DEFENDÍAN QUE NO MERECÍA ESPECIAL PROTECCIÓN
Los propietarios consideraban que la vivienda había perdido las características que le daban su valor histórico como consecuencia de las modificaciones sufridas, así como por el levantamiento de edificios a su alrededor.
La casa original ocupaba parte del jardín con una planta cuadrada en torno a un patio abierto en la que destacaba la torre con estilemas góticos sobre el cuerpo del vestíbulo.
Intervenciones posteriores dieron lugar a un ala de servicios junto a la medianera sur y, más tarde, una reorganización funcional --que sitúa la biblioteca en el torreón-- y a una intervención en el apéndice que asoma al Paseo de Las Canteras con fachada "neo-canaria".
CANTIDAD A PAGAR AÚN POR DEFINIR
La cantidad de la indemnización se fijará en el momento de la ejecución de la sentencia y cuando se "valore la pérdida" aplicando "normas fijadas para la expropiación de bienes y derechos, así como la obligación conjunta y por mitades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias".
