GRANADA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
Lorenzo del Río ha hecho esta reflexión durante su intervención en el acto de apertura del año judicial celebrado en la Real Chancillería de Granada, al que han asistido la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, entre otras autoridades.
Del Río ha recordado que, a "muy corto plazo, deberá materializarse la entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrados para las Secciones de apelación penal", siendo este año judicial cuando se tome la decisión sobre su ubicación y posible desplazamiento.
Sin pretender "ahondar en la polémica suscitada" en torno a este asunto ni "ser desleal" con la opinión mayoritaria de la Sala de Gobierno que preside, el presidente del TSJA ha querido hacer constar durante su discurso que esa misma sala, en su informe del 19 de abril del pasado año, solicitó la constitución de una Sección de apelación penal "en Granada".
A ello ha sumado los datos de actividad, con 31 recursos registrados hasta la fecha de todas las audiencias provinciales de la comunidad andaluza, los cuales, según ha enfatizado, han sido "tramitados y resueltos sin disfunciones ni inconvenientes procesales ni, por supuesto, desplazamiento de partes, profesionales o ciudadanos".
A su juicio, esto aconseja "graduar la implantación y entrada en funcionamiento de las nuevas plazas de magistrado para la segunda instancia penal, así como no llevar a cabo un desplazamiento inmediato de las Secciones", sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse en un futuro, a la vista del número de recursos.
CLÁUSULAS ABUSIVAS
Para el presidente del alto tribunal andaluz, otro de los retos que se presenta este año judicial es el de dar respuesta a la sobrecarga de trabajo en lo relativo a las llamadas cláusulas abusivas.
Según ha argumentado, el volumen de asuntos que ya ha tenido entrada en los juzgados especializados evidencia que los medios personales y materiales inicialmente comprometidos "van a resultar manifiestamente insuficientes en muy corto plazo", lo que obligará a comprometer más recursos, si se quiere, "al menos, mitigar el colapso" de estos órganos judiciales.
También ha recordado que sigue pendiente una transformación profunda del proceso penal, que supere el modelo actual, y la plena incorporación del Ministerio Fiscal al proceso de digitalización de la Administración de Justicia digital.
Junto a ello ha reivindicado la tan "necesitada" modernización de la justicia andaluza a través de la reorganización funcionarial y de la mejora de las infraestructuras judiciales.
Lorenzo del Río ha culminado su discurso hablando de la carrera judicial, afirmando que la mayoría "responde a un arquetipo de jueces honestos, a menudo incomprendidos y criticados, que en soledad actúan con integridad y recta conciencia".
"Es ciertamente frustrante ver que mientras otros colectivos, vinculados directa o indirectamente con la Administración de Justicia, encuentran comprensión y valoración, cuando no evidentes ventajas profesionales, los jueces y magistrados normalmente encontramos rechazo y postergación, cuando no una abierta indiferencia", ha expuesto.
CORRUPCIÓN
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, también ha intervenido en el acto de apertura del año judicial que se ha celebrado en la Real Chancillería granadina, donde se ha referido a los casos de corrupción y ha considerado "fundamental" que las instituciones reaccionen cuando se producen.
Ha defendido el trabajo de los fiscales como "determinante" para que el fenómeno de la corrupción no solo esté teniendo, según ha dicho, una respuesta judicial "inédita" en la historia de esta comunidad sino que, además, "haya comenzado poco a poco a ser percibido por los ciudadanos como un serio problema para el desenvolvimiento de una sociedad democrática avanzada".
Entre los retos que tendrá que afrontar la Fiscalía, Tárrago se ha referido a los derivados de la anunciada reforma del proceso penal, con la atribución al fiscal de la investigación de los delitos.
A su juicio esto contribuirá a la agilización de la justicia penal, si bien va a requerir, según ha incidido, no sólo incrementos de plantillas y dotación de medios materiales, sino "una profunda reforma tanto de la Oficina fiscal como de las propias Fiscalías".
Ana Tárrago también ha aprovechado este acto para ofrecer su "compromiso personal" con el proyecto de modernización de la Fiscalía bajo la convicción de que esto permitirá "ofrecer un mejor servicio a la sociedad".
