VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Tanto Ciudadanos --que se ha ausentado de la votación-- como el PP --que ha advertido de la posible impugnación del pleno-- han criticado este "decreto mordaza" y han advertido sobre sus "visos de inconstitucionalidad".
El debate ha comenzado con la petición de Cs y el PP de que la Mesa de las Corts se reuniera para aclarar sobre la legalidad de este pleno, al considerar que se incumple el reglamento por celebrarlo antes que el Debate de Política General. El presidente de la Cámara, Enric Morera, ha reafirmado que todos los actos son supervisados por letrados y el pleno se desarrollaría con "todo rigor y normalidad que marca el reglamento", ante las críticas de la síndica del PP, Isabel Bonig, que le ha pedido que "no haga como Forcadell", en referencia a la presidenta del Parlament de Cataluña.
En la exposición del decreto ley, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzá, ha justificado la necesidad extrema de esta figura para que el curso comience con normalidad sin repetir el proceso de admisión y "respetando lo que las familias habían decidido" en cuanto a la lengua vehicular de la enseñanza, "apartando batallas partidistas" y cumpliendo, al mismo tiempo, las resoluciones judiciales.
Ha explicado que han esperado hasta ahora la resolución de los recursos planteados a las decisiones judiciales, que no comparten, pero ha aclarado: "Si se busca la confrontación del Consell con el tribunal, no la van a encontrar. Hacen su trabajo, respetamos lo que deciden, es lo que tienen que hacer y nosotros hacemos nuestro trabajo". Además, ha recalcado: "Este gobierno no permitirá que nuestros niños estén condenados al monolingüismo".
La diputada del PP Beatriz Gascó ha lamentado este "pleno mordaza para un decreto mordaza", ha criticado que Marzá está haciendo "de la mentira y la chapuza su hábitat natural" y con este decreto ley "ha intentado tomarle el pelo al TSJ, a las familias y ahora a esta Cámara" que tiene "visos de inconstitucionalidad que claman al cielo" por no estar justificada su extrema urgencia, dado que podía haberse aplicado el decreto de 2012.
Por su parte, Ciudadanos se ha ausentado de la votación al no querer ser partícipes sus diputados de una presunta ilegalidad por la convocatoria de la sesión y ha acusado al Consell que querer "trampear la sentencia del TSJ" porque "no es una medida urgente porque no hay un vacío normativo".
