ENTRE LO RIDÍCULO Y LO FRÍVOLO
Estamos viviendo el proceso de separación de la Unión Europea de un país miembro, el Reino Unido, consecuencia del resultado de un referéndum convocado de acuerdo con leyes reconocidas por la comunidad internacional. Se han constituido, por ambas partes, sendos equipos negociadores de cuyos trabajos nos dan cuenta a diario los medios de comunicación. Cuando se acabe este proceso, se habrán delimitado los términos jurídicos y económicos de las nuevas relaciones entre los antiguos socios, más las facturas a pagar por quienes se van.
Compárese este procedimiento civilizado con el asilvestrado que han puesto en marcha los gobernantes separatistas catalanes. Sin tan siquiera conocer la opinión de los ciudadanos por medio de un procedimiento legal, se presenta un texto para regular nada menos que la secesión de España de uno de sus territorios provocando un vuelco constitucional e histórico de primera magnitud. Y esto lo hace una simple Comunidad Autónoma sin contar ni con el acuerdo consensuado en su propio Parlamento -es decir, con todas sus fuerzas políticas- ni con la legalidad internacional o europea ni por supuesto con el Gobierno de España que al parecer solo ostenta el papel de figurante aunque, eso sí, un figurante generoso a la hora de suministrar dineros y otros contentos.
Los juristas sabemos que el Derecho, con todas sus imperfecciones, construye caminos por los que se puede transitar con ciertas garantías de no ser atropellado. En este caso, por el contrario, esta ley sirve para trazar un camino de aventuras, graves inseguridades y frívolas fantasías.
Porque, si estudiamos la propuesta con atención, advertiremos que nada se nos dice de la siguiente bagatela: la moneda que en el nuevo Estado va a circular. Una alternativa sería crear el Pujol en homenaje a un prohombre local y como seña de identidad monetaria del Estado que nace. Otra sería continuar con el euro que podría, en efecto, utilizarse ya que el Banco Central Europeo (BCE) mantiene una postura neutral sobre el uso internacional de esta moneda permitiendo las transacciones internacionales con ella entre quienes están fuera de la eurozona.
Ahora bien, las autoridades de la naciente República catalana no podrán acudir a los instrumentos de liquidez y financiación establecidos por el BCE para conseguir euros por lo que deberán suplicar a entidades crediticias privadas para suscribir con ellas, y según sus condiciones, las líneas de financiación y los préstamos. La dificultad de promover nuevas emisiones de deuda pública es palmaria porque las agencias especializadas ya califican como bono-basura a los títulos de la Comunidad Autónoma que lleva años fuera de los mercados. Aunque podría darse la circunstancia de que estos, los mercados, siempre afectuosos, quedaran prendados de las hechuras de la nueva República y se aprestaran a suministrar fondos con largueza y desprendimiento.
De otro lado, procede recordar que el sector público catalán depende en buena medida de la transfusión constante de dinero que se hace desde el Ministerio de Hacienda de la calle de Alcalá en Madrid y permítasenos no aportar cifras concretas para evitar el sonrojo y la mueca irónica.
Asunto éste del dinero nada baladí: se ignora de dónde va a salir el que ha de servir para abonar sus sueldos a los funcionarios en activo o sus pensiones a los jubilados pues, según informes solventes, Cataluña no puede afrontar su pago con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios que residen en ese territorio y que se mantengan en él (la fuga parece haberse ya desencadenado). Tampoco se sabe de dónde fluirán las subvenciones millonarias que prodiga la actual Comunidad Autónoma especialmente a ciertos medios de comunicación. Se trata de un misterio cuasi teológico que el gobernante catalán cultiva, pero que ha de llevar la máxima inquietud a los ciudadanos de carne y hueso, víctimas de los entusiasmos patrióticos de su clase dirigente. Que por cierto se apresta a proclamar una amnistía a sus desmanes y a montar un poder judicial controlado desde las instancias políticas.
Y ya que estamos metidos en dineros, añadiremos que los Presupuestos Generales en curso de España deberán ser ajustados a la nueva realidad territorial, así como las ayudas y subvenciones a municipios, tanto las llegadas del Estado como las de la Unión Europea, de la que ha procedido un auténtico río en ejarbe de dinero para empresas y trabajadores en apuros.
La fórmula que la ley anuncia de ocupación/ confiscación de los bienes que el Estado posee en la Comunidad Autónoma es simplista y atropellada pues -entre otros extremos- orilla la complejidad de aquellas infraestructuras sobre las que se prestan servicios públicos indispensables como son los casos del transporte ferroviario o aéreo. Porque Cataluña saldría del espacio Schengen hasta no ser admitida la nueva República en este club. Como saldría de la Unión Europea por más que el texto presentado trate de asumir sin distingos todo el derecho europeo, incluido aquel que se va a aprobar sin su consentimiento (artículo 14. 2: ¿para qué sirve entonces la independencia?).
Los agricultores y demás trabajadores han de despedirse de los fondos europeos (de desarrollo rural, de cohesión, etc.); adiós asimismo a las becas Erasmus para los estudiantes y adiós a la financiación para los científicos de sus proyectos... Quizás bagatelas si se piensa en las delicias que al parecer proporciona estrenar pasaporte.
De la misma forma la pacífica República de Cataluña sale de la OTAN como sale de las Naciones Unidas y vagará por los espacios diplomáticos como la balsa de piedra de Saramago.
Siendo todo esto complicado, lo más arduo habrá de ser el restablecimiento de unas fronteras que inevitablemente afectarán a la circulación de las personas y a los flujos comerciales con la posible introducción de nuevos derechos aduaneros. En tal sentido ¿cómo quedará el nuevo Estado respecto a la Organización Mundial del Comercio en cuyas deliberaciones y acuerdos no podrá participar? La multiplicación de aranceles es el horizonte pavoroso al quedar excluida Cataluña del mercado único europeo por lo que las estrenadas autoridades -cuando sean reconocidas- deberán iniciar trabajosas negociaciones bilaterales con cientos de Estados.
¿Y QUÉ SERÁ del entrañable y caudaloso Ebro? En la actualidad, sabemos que la Confederación Hidrográfica integra la representación territorial, así como la de empresarios y usuarios del agua. Pues bien, en el futuro, habrá que tramitar y negociar un acuerdo internacional con el nuevo Estado, supuesto el hecho de que el Ebro tiene la veleidad de discurrir por territorios que no quedarían comprendidos en los del Estado catalán.
Falta en fin en la ley anunciada las reglas que habrán de regular el finiquito con el viejo Estado español que es, según la Real Academia, “el remate de las cuentas, o certificación que se da para constancia de que están ajustadas y satisfecho el alcance que resulta de ellas”.
¿Se tiene conciencia de lo ridículo del camino emprendido? Es probable que no pues aclarar a quien no quiere oír que el nacionalismo ha sido el partero de las desgracias colectivas más aniquiladoras que ha sufrido la humanidad, que reproducirlo en los inicios de este siglo XXI es suicidio y homicidio a un tiempo, y añadirles que no hay sueño más placentero para las grandes empresas y los intereses económicos mundiales que la proliferación de Estados raquíticos, empinados en su ridícula poquedad, esforzarse en todo ello es perder el tiempo. O, como se dice clásicamente, majar en hierro frío.
Pero nuestra obligación es insistir porque, si parte de la clase política ha perdido la sindéresis, hay una amplia ciudadanía serena y reflexiva que está llamada a poner coto a tanto desvarío. Y un Gobierno de España que habrá de ejercer su responsabilidad sin temores para protegernos a todos.
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