SEVILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
En una sentencia emitida el pasado 19 de julio y recogida por Europa Press, la Audiencia Nacional trata el contrato adjudicado en 2005 por el Ministerio de Interior a la empresa Díaz Cubero S.L., para la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Las Cabezas, toda vez que las obras arrancaron en octubre de dicho año.
Pero tras divergencias entre ambas partes respecto a la modificación del proyecto inicial, en 2012 la Dirección General de la Guardia Civil dictaba la resolución del contrato en cuestión, "por demoras en el cumplimiento de los plazos de ejecución".
La sentencia, en ese sentido, aborda el recurso contencioso administrativo de la empresa, contra la resolución emitida en 2015 por el Ministerio de Interior, aprobando la liquidación del citado contrato, ya entonces resuelto, con un importe de 102.496 euros "a favor" de la Administración pública.
En su recurso, la empresa intentaba "dar validez a la certificación número 15" de las obras acometidas, un documento presentado por el arquitecto director del proyecto en marzo de 2013, después de la resolución del contrato, con "un saldo a favor de la contrata, IVA incluido, de 49.962 euros".
No obstante, la Audiencia Nacional avisa de que dicha certificación número 15 "difiere en su cuantía de modo significativo, a la que el mismo director de la obra había presentado anteriormente, en concreto un mes antes, y cuyo importe total de lo ejecutado era una cantidad bastante inferior, sin que se exprese razón alguna de la discrepancia". "La parte actora se limita a afirmar la validez de la certificación número 15 presentada por el director de la obra, pero, ni en el expediente administrativo, ni en este proceso, ha realizado actuación alguna en orden a acreditar la certeza y validez de esta valoración", agrega la Audiencia Nacional.
Además, aprecia la Audiencia Nacional "la actuación de la Administración en orden a designar un perito imparcial a fin de determinar y valorar la obra realmente ejecutada", en referencia al arquitecto perito judicial nombrado por el colegio oficial de arquitectos de Madrid para tratar el asunto, a instancias de la Administración.
Así, la Audiencia Nacional desestima el recurso contencioso administrativo de la empresa y declara "conforme a derecho" la resolución del Ministerio de Interior que aprueba la liquidación de dicho contrato, con 102.496 euros "a favor" de la Administración pública.
