EL RECOCHINEO CATALÁN
Si algún ingenuo, como yo mismo, pensaba que los atentados de Barcelona y Cambrils iban a influir para que la Generalitat llegase a un acuerdo con el Gobierno de Madrid, a fin de evitar o retrasar el zafarrancho que se nos viene encima el 1 de octubre, estaba evidentemente en las nubes. La manifestación del sábado no fue, como era lógico, una expresión de dolor y de compasión por las víctimas del día 17, sino un ensayo de la Diada del día 11 de septiembre.
Cierto que para ser más exactos hay que reconocer que hubo dos partes en la multitudinaria manifestación: la primera, controlada por los independentistas de ANC y la CUP, y la segunda, el resto mayoritario de ciudadanos de buena fe que fueron a para manifestar su repudio al terrorismo y su apoyo a las víctimas. Pero en la primera parte, repleta de banderas esteladas y pancartas calumniosas, que era la jaula de los leones, fue donde pusieron al Rey Felipe VI, que demostró su patriotismo y su coraje cívico, y al estólido Gobierno de España, que no se entera de nada.
Pues bien, los miembros de esta primera parte minoritaria lo tenían todo previsto para continuar el procés, al margen de los atentados, pero si pensaban dar a conocer la llamada ley de transitoriedad después de que se aprobase la ley del referéndum, parece que han cambiado de opinión y acaban de presentar la primera de estas leyes. Antes de entrar brevemente en algunas de las consideraciones que contiene, es necesario decir que estamos ante un fenómeno único de carácter universal, porque es la primera vez, si no me equivoco, que se tienen preparadas las leyes básicas de un Estado antes de que haya Estado y sin disponer de la fuerza militar para imponerlo o, en su caso, la negociación necesaria con el Estado del que se quieren desconectar. Es algo parecido al juego del monopoly, porque lo primero para imponer algo realmente, y no quedarse en un juego, es poseer la fuerza necesaria. Pero, por si acaso, se establece que el Ejército español dejará de tener jurisdicción en Cataluña. Olé.
El documento que se ha hecho público hoy es una especie de Constitución para avanzar hasta la creación de otra Constitución definitiva. En lo que se refiere a su organización sigue en muchos aspectos a la Constitución española de 1978, pero las peculiaridades más significativas, en una primera y rápida visión, son las siguientes. Se proclama que Cataluña es una República de Derecho, democrática y social. Mientras que no se apruebe la Constitución definitiva esta ley será la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán. El territorio de Cataluña es el que existe en “el momento” de entrar en vigor esta ley, pero ya se preparan para ampliar su territorio. Todos los que residan al menos cinco años en Cataluña pueden adquirir la nacionalidad catalana como, por ejemplo, los miles de marroquíes que llevan años viviendo allí. Las normas “españolas” que han estado vigentes hasta ahora, seguirán estándolo, mientras que no contradigan la presente ley y el derecho catalán que se vaya aprobando, es decir, un ejemplo del principio de seguridad jurídica en que se basa todo el Derecho. Por eso hay bofetadas para instalar nuevas empresas en la República catalana. El Estado catalán sustituye al Estado español en la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña. Todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas, pudiendo elegir entre el occitano, el catalán o el castellano, es decir, como hasta ahora. Y para acabar, se establece que la Constitución que redacte la Asamblea Constituyente debe ser aprobada por 3/5 de sus miembros, mientras que los ciudadanos la aprobaran por referéndum, sin especificar ningún quorum de participación u aprobación.
En fin, todo esto es un juego que puede acabar muy mal, y que el Estado español no debería haber permitido nunca. Por eso sorprende que un vicepresidente del Senado y ex presidente del mismo, así como el secretario general del PPC hayan dicho que no hay más remedio que aplicar el artículo 155 de la Constitución, demostrando así que no se han leído el Reglamento de del Senado. Me he cansado de decir en estas páginas que ya no se puede utilizar este artículo por falta de tiempo para los plazos que se exigen. Eso lo tenían que haber hecho hace meses, pero entonces estaban jugando a la petanca. De cualquier modo, existen otros medios contundentes para acabar con este recochineo catalán y, de este modo, la ley de la transitoriedad, se convertirá en la transitoriedad de una ley.
Responder
Es ofensivo
Me gusta
