ESPAÑA: ESTADO UNITARIO-AUTONÓMICO VS ESTADO FEDERAL-PLURINACIONAL (II)
La libertad y la igualdad, valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, requieren que todos los españoles gocen de iguales derechos y tengan las mismas obligaciones, evitando incluso las fronteras lingüísticas que parecen erigirse ahora por algunas minorías políticas. La libertad y la igualdad de todos los ciudadanos exigen inexcusablemente una política social y económica común para toda la Nación, con unidad económica, presupuestaria y tributaria, con respeto a la unidad de mercado, con una regulación de las relaciones laborales que no contenga diferencias y con el mantenimiento de un único régimen de seguridad social. El concepto constitucional de autonomía supone reconocer y aclarar que las comunidades autónomas no son soberanas-autonomía no es soberanía-, no ostentan un poder originario ni preexistente, ni fundado en derecho alguno, sino en un poder deriva do de la propia Constitución, por lo que su relación institucional con el Estado no es en ningún caso de bilateralidad. Por otra parte, en su acepción originaria” autonomía” suponed es centralización de carácter eminentemente ejecutivo con ciertos poderes normativos. El ordenamiento jurídico en ningún caso puede quedar troceado en múltiples y diversos ordenamientos de difícil encaje y coordinación a causa de la aplicación del principio de autonomía, pues tal principio, conjugado con el de unidad, no impide sino exige que el español sea único, como por otra parte viene a reconocer el artículo 9.1 de la Constitución, pues sólo así se garantiza la seguridad jurídica, necesaria para preservar la libertad e igualdad de todos. Ésta fue la fórmula ampliamente refrendada popularmente a partir del consenso entre el centro-derecha el centro-izquierda y los nacionalistas catalanes hace 40 años.
El planteamiento de a plurinacionalidad resulta totalmente improcedente siendo España un Estado-nación con un solo pueblo soberano, que tiene su propia identidad político-territorial con las peculiaridades propias de la fórmula unitaria autonómica. El único ejemplo de Estado plurinacional reconocido es el caso de Bolivia, en cuya Constitución se establece que este país está formado por 36 naciones indígenas, eso sí, sin arraigo territorial concreto. Y aquí hay que destacar lo disparatado de dicho concepto que margina como ciudadanos de segunda categoría al 60% de la población boliviana que no pertenece a alguna de esas 36 naciones indígenas por ser criollos y mestizos hispano americanos. Desde luego éste no es ningún ejemplo a seguir pues, además, se trata de una Constitución “bolivariana”, de tipo experimental, aprobada de modo irregular y sólo apoyada por el partido oficialista en el poder y en contra de toda la oposición.
España es un Estado-nación vertebrado constitucionalmente en comunidad es regionales con autonomía política, siendo el Estatuto de Autonomía una ley aprobada por las Cortes Generales y no una Constitución de un Estado federado como sucede en los Estados compuestos federales, una ley orgánica cuya modificación necesitará del apoyo de la mitad de los diputados del Congreso. Cuando algunos hablan de plurinacionalidad se quiere destacar Euskadi y de Cataluña como naciones, pero esto no es así. “Euskadi” sólo existe desde 1978 como comunidad autónoma en el ámbito del Estado constitucional vigente, siendo un concepto inventado por Sabino Arana hace poco más de un siglo y, desde luego, nunca ha sido un reino o nación de ningún tipo. Sin embargo, Álava y Vizcaya sí son territorios históricos milenarios, con sus propias instituciones, comunidades forales de identidad castellano-vascongada como partes del reino de C astilla y que coexisten problemática mente con el artificioso Euskadi.
Cataluña es uno de los territorios conformadores del reino de Aragón, nunca fue un reino o nación, siendo ahora una comunidad autónoma como región que es parte constitutiva del Estado español desde sus orígenes a fines del siglo XV. En definitiva, es una región española con características, eso sí, de nacionalidad de tipo cultural que puede ser reconocida como tal en el texto constitucional.
En fin, y concluyendo con relevantes datos sociológicos publicados por el CIS, hasta un 50% de los ciudadanos se manifiesta de acuerdo con el actual Estado autonómico estando la mayor parte de acuerdo en reducir algunas competencias autonómicas en favor del Estado; un 20% aproximadamente se pronuncia directamente por la supresión de las comunidades y en favor de un Estado centralista; por último, sólo un 20% estaría a favor de un Estado federal. Está claro que ninguna mayoría social prefiere la caprichosa e incongruente reforma federal-plurinacional como alternativa al modelo unitario autonómico vigente, una alternativa que promueve una minoría extremista de índole socialista-marxista, lejos del sentir mayoritario del pueblo español.
