MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
Según ha informado el Consejo en un comunicado recogido por Europa Press, hasta el 31 de julio de 2017, 408.668 ciudadanos solicitaron el uso de esta herramienta; mientras que el año pasado sólo se registraron en este mismo periodo se generaron tan sólo 389.289 expedientes.
Por comunidades autónomas, Castilla y León ha sido la región que más subida ha registrado (un 12 por ciento), alcanzando las 19.392 solicitudes electrónicas de acceder a los servicios del Turno de Oficio. Le siguen Cataluña, con casi 56.000 expediente e Islas Baleares con más de 11.100 tramitaciones digitales.
A este ritmo, todo apunta que a finales de 2018, se generarán más de 640.000 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita. Este sistema desarrollado por RedAbogacía --la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española-- conecta a 80 Colegios de Abogados de forma telemática con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
EVITAR DESPLAZAMIENTOS Y TIEMPOS DE ESPERA
Con el Expediente Electrónico los ciudadanos acceden a este servicio de Justicia Gratuita con trámites más simplificado y con unos plazos más cortos para obtener la documentación necesaria, ya que al hacerlo de forma telemática se evitan los desplazamientos y el tiempo de espera ante las ventanillas de cada una de las Administraciones competentes.
Asimismo, la digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, los colegios de abogados aseguran el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora las gestiones al reducir los plazos de obtención de la información al unificarla en un único expediente estándar.
Las Administraciones Públicas aceleran el servicio ofrecido al ciudadano y reducen los posibles fraudes ante la Administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.
