ORDEN EMP/536/2017, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS DE INSERCIÓN Y PARTICIPADAS, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
I
Finalizado el período de vigencia de la I Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Trabajo 2012-2015, los agentes sociales y económicos más representativos de la Comunidad de Castilla y León, acordaron, el 27 de enero de 2016, la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, con la finalidad de mejorar el nivel de ocupación y de reducir el desempleo, incrementando las posibilidades de empleabilidad de los ciudadanos.
Entre los objetivos generales de esta II Estrategia están el de favorecer la empleabilidad de los colectivos más afectados por el desempleo, especialmente de los jóvenes menores de 35 años, de los mayores de 45 años y de los parados de larga duración, con especial atención a las mujeres, a las personas con discapacidad y a los colectivos en riesgo de exclusión social o con dificultades de integración.
Por ello, las medidas que se regulan en esta orden tienen como objetivo fomentar el empleo de los más necesitados mediante la concesión de incentivos para fomentar la contratación, a jornada completa, de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía y de otros colectivos que precisan ayudas para acceder al mercado de trabajo, de forma que además de facilitarles la obtención de los ingresos precisos para cubrir sus necesidades de subsistencia, les procure una experiencia laboral que les ayude a encontrar un puesto de trabajo estable.
Estas subvenciones se destinarán a promover la contratación de trabajadores por entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, empresas participadas por dichas entidades y empresas de inserción, colaborando en la financiación de los costes derivados de la contratación de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía, así como de aquellos desempleados que por encontrarse en situación de exclusión social o por otras circunstancias necesitan una atención específica.
La Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis fue creada por la Disposición Adicional Primera del Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre 
, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
Por Acuerdo 51/2014, de 29 de mayo , de la Junta de Castilla y León, se establecen las directrices de funcionamiento de la Red de Protección, entre ellas, su finalidad, que es la de contribuir a la plena inclusión social, personal y laboral de las personas de Castilla y León, mediante la acción coordinada de los agentes y entidades colaboradoras de aquélla, asegurando la cobertura de sus necesidades básicas y evitando que el impacto de su empobrecimiento material y económico derive en una situación de exclusión social.
Cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, y se incluyen en la Prioridad de Inversión 9.1., Objetivo Específico 9.1.2, cuya finalidad es aumentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de acciones que promuevan el empleo y la igualdad de oportunidades en colectivos en riesgo de exclusión social, así como en las personas con discapacidad y/o alejadas del mercado laboral que estén desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.
Dentro del Programa Operativo, esta actuación se encuadra en la Categoría de intervención 109, referida a la inclusión activa, en particular para promover la igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la empleabilidad.
En cuanto a los resultados esperados, con estas operaciones se pretende la disminución de la tasa de paro de estos colectivos desfavorecidos a través de su contratación por las empresas y organismos interesados. Tendiendo a una contratación estable y duradera, estas operaciones tienen por objetivo romper el círculo desempleo-pobreza, para obtener, a través de la experiencia profesional adquirida por los destinatarios, su integración en el mundo laboral en condiciones de igualdad, ya que se considera que es la manera más efectiva de estabilizar su situación.
Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hace necesaria la incorporación, en estas bases, de la tramitación electrónica del procedimiento administrativo, ya que la citada Ley establece, además del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, la obligación de que determinados interesados, como son las personas jurídicas, se relacionen con ellas a través de dichos medios para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
II
Las bases reguladoras de estas subvenciones, que se incorporan como Anexo a la presente orden, se estructuran en 2 capítulos.
En el capítulo I, relativo a las disposiciones generales, se regula, entre otros aspectos, quiénes pueden ser beneficiarios de las subvenciones, los requisitos que han de cumplir con carácter general, sus obligaciones, las exclusiones del acceso a aquéllas, así como los criterios de valoración de las solicitudes, y los trabajadores destinatarios de las mismas.
El capítulo II regula todo lo relativo al procedimiento de concesión, el cual se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y los órganos competentes para la instrucción y la resolución de las solicitudes. Se incorpora, en este capítulo, la tramitación electrónica de todo el procedimiento.
Asimismo, en este capítulo II se establece el plazo y forma de justificación de las subvenciones, la forma de pago y régimen de anticipos, y el reintegro del importe de la subvención en caso de incumplimiento, así como el sometimiento de las entidades y empresas beneficiarias a las actuaciones de control que realicen los organismos públicos.
III
Las subvenciones de esta orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León, y serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, rigiéndose a estos efectos por la normativa comunitaria que lo regula.
La Ley 10/2003, de 8 de abril , de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, establece en su artículo 4 las funciones de este Organismo, señalándose en el apartado 2.a) que le corresponde la elaboración y gestión de los programas de inserción laboral y fomento del empleo.
En consecuencia, oído el Consejo General de Empleo, a propuesta del Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones; en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio ; en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre , de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León; y en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 10/2003, de 8 de abril , de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y por la Ley 3/2001, de 3 de julio , del Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León,
DISPONGO
Artículo único. Aprobar las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social en la Comunidad de Castilla y León, que se incorporan como Anexo a la presente disposición.
Disposición adicional primera. Cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
1.- Las subvenciones reguladas en esta Orden, cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro, están cofinanciadas en un porcentaje del 50%, por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el Programa Operativo de Castilla y León 2014-2020, aprobado por Decisión C (2015) 7711, de 4 de noviembre, hasta agotar el crédito asignado cada año por dicho organismo a la Comunidad de Castilla y León para la ejecución de estas medidas.
2.- Los beneficiarios de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo deberán cumplir con los requisitos de información y comunicación establecidos en el artículo 115 y Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
Disposición adicional segunda. Régimen de minimis.
Las subvenciones reguladas en esta orden están sometidas al régimen de ayudas de minimis, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Orden EYE/354/2015, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León.
Disposición transitoria.
Los procedimientos iniciados por convocatorias publicadas antes de la entrada en vigor de esta orden continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su iniciación.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día de su publicación en el “Boletín Oficial de Castilla y León”.
ANEXO
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS DESEMPLEADAS Y DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA, POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, EMPRESAS DE INSERCIÓN Y PARTICIPADAS, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Base 1.ª- Objeto de las subvenciones y requisitos de la contratación.
Las subvenciones reguladas en esta orden tienen por objeto fomentar la contratación temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía y, para la realización de obras y servicios de interés general y social.
A los efectos de las presentes Bases, se considerarán de interés general y social aquellas obras y servicios que redunden en la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos en situación de dependencia, marginación o exclusión social, promuevan el mantenimiento o desarrollo del acervo cultural, se dirijan a la intervención en defensa de la naturaleza y medio ambiente, promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres u otras con fines análogos.
Además, para que las contrataciones sean subvencionadas:
a) Las obras o servicios se ejecutarán o prestarán en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.
b) Se ejecutarán o prestarán directamente por la entidad o empresa beneficiaria.
c) La duración de las contrataciones será de, al menos, 6 meses.
Base 2.ª- Régimen jurídico.
Estas subvenciones se ajustarán, además de lo dispuesto en las presentes Bases, a lo establecido en:
- La Ley 5/2008, de 25 de septiembre , de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio , en sus artículos básicos.
- El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Y demás normativa de general aplicación.
Base 3.ª- Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades y empresas que se indican a continuación:
a) Entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
b) Empresas de inserción y aquellas otras participadas, en el 100% de su capital social, por entidades sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades y empresas en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 , apartados 2 y 3 , de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, ni las que mantengan deudas o sanciones de naturaleza tributaria, en período ejecutivo, con la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida, siendo suficiente la aportación de una declaración responsable para su acreditación.
3. Tampoco podrán ser beneficiarias las entidades y empresas solicitantes que no acrediten la observancia o la exención de la obligación del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, la no sujeción a dicha obligación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre.
4. Asimismo, no podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades pertenecientes al sector público.
Base 4.ª- Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades y empresas beneficiarias, además de las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre , de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
1. Contratar a personas que pertenezcan a alguno de los colectivos destinatarios de la contratación objeto de la subvención en los términos previstos en la base 7.ª.
2. Facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos de tramitación o control de la Administración o, en su caso, del Fondo Social Europeo.
3. Cuando la subvención esté cofinanciada por el Fondo Social Europeo, el beneficiario deberá cumplir los requisitos de información y comunicación previstos en el artículo 115 y en el Anexo XII del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, entre los cuales se incluyen los siguientes:
- Comunicar por escrito a la persona trabajadora que los gastos correspondientes a su contrato han sido cofinanciados por el Fondo Social Europeo, conforme al modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
- Aceptar su inclusión en la lista de operaciones publicada de conformidad con el artículo 115, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en los términos establecidos en el artículo 140 del Reglamento (CE) 1303/2013, de 17 de diciembre, y, previa solicitud, ponerlos a disposición de la Comisión, del Tribunal de Cuentas Europeo, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
4. Comunicar cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.
5. Comunicar otras ayudas solicitadas y/u obtenidas para la contratación de las mismas personas para las que se solicita subvención.
6. Una vez iniciado el último de los contratos subvencionados presentar el anexo con los datos de los trabajadores contratados, cuyo modelo estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Base 5.ª- Criterios de valoración de las solicitudes.
1. De entre las solicitudes presentadas por las entidades y empresas que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases, se realizará una selección para el otorgamiento de la correspondiente subvención, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
I) Por el tipo de actividad proyectada.
a) Obras o servicios dirigidos hacia los sectores de la dependencia y servicios sociales: 5 puntos. Únicamente se considerarán como tales aquellas obras o servicios relacionados con la mediación familiar, los dirigidos a jóvenes en dificultad y con desarraigo social, la prestación de servicios a personas con discapacidad, mayores o en situación de exclusión social, y los dirigidos a minorías étnicas.
En ningún caso tendrán este carácter las obras o servicios relacionados con el mantenimiento, mejora o ampliación de instalaciones.
b) Obras o servicios que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres mediante la puesta en marcha de medidas de acción positiva: 3 puntos.
c) Obras o servicios de carácter medioambiental: 3 puntos.
d) Obras o servicios de carácter cultural: 2 puntos.
e) Otras actividades: 1 punto.
En caso de que algún proyecto contenga más de un tipo de actividad se asignará la puntación correspondiente a la actividad en la que vayan a trabajar más del 50% de los trabajadores contratados. Si no se alcanzase este porcentaje en ninguna actividad, se asignará la puntuación correspondiente a aquel grupo de actividad incluida en el proyecto cuya valoración sea inferior.
La valoración de este criterio se realizará teniendo en cuenta las características de la obra o servicio proyectado, no las de los trabajadores que vayan a ser contratados para la ejecución del proyecto.
II) Inserción laboral de la entidad o empresa: Por cada trabajador contratado por la entidad o empresa solicitante en el año anterior a la fecha de publicación de la convocatoria anual, siempre que el contrato tenga una duración de, al menos, 7 meses, y dicha duración se haya completado en la fecha de publicación de la convocatoria: 0,10 por cada contrato, hasta un máximo de 2 puntos. No se concederá puntuación por aquellos trabajadores contratados cuyo contrato haya sido subvencionado a través de este mismo programa en la convocatoria inmediata anterior.
III) Inserción de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía: Cuando para la ejecución del proyecto la entidad o empresa se comprometa a la contratación de personas que sean beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía: 1 punto por cada contratación a la que se comprometa, con un máximo de 5 puntos.
No se puntuará por este criterio si la entidad o empresa no acredita el cumplimiento del compromiso adquirido en la convocatoria inmediata anterior, en el caso de que se hubiera asumido dicho compromiso y la entidad o empresa solicitante hubiese resultado beneficiaria en dicha convocatoria.
IV) Capacidad de la entidad o empresa para desarrollar proyectos de interés general y social:
a) Cuando el contenido del proyecto se corresponda con el objeto y fines de la entidad o empresa solicitante: 2 puntos.
b) Antigüedad: Por cada día transcurrido desde la fecha de constitución de la entidad o empresa, hasta la fecha de publicación de la convocatoria: 0,001 puntos, hasta un máximo de 3 puntos.
V) Integración laboral de las personas con discapacidad:
A) En virtud de lo dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre , por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tendrán una valoración de 1 punto las entidades o empresas solicitantes que se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Entidades o empresas que, contando con menos de cincuenta trabajadores, y no teniendo obligación legal, de conformidad con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre , acrediten tener en su plantilla a trabajadores con discapacidad.
b) Entidades o empresas que, contando con cincuenta o más trabajadores y teniendo la obligación legal prevista en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo mencionado en el punto a), acrediten tener en su plantilla un porcentaje mayor de trabajadores con discapacidad que el previsto en la legislación vigente.
c) Entidades o empresas que cumplan estrictamente la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad y manifiesten el compromiso de realizar las contrataciones oportunas para alcanzar alguna de las circunstancias anteriores en los 6 meses siguientes a la solicitud de subvención.
B) A las entidades o empresas solicitantes que carezcan de trabajadores por cuenta ajena se les atribuirá la misma puntuación que corresponda a las entidades que concurran y cumplan el criterio de valoración previsto en el punto anterior.
VI) Por la ubicación del centro de trabajo: Cuando el centro de trabajo en el que vayan a prestar sus servicios los trabajadores contratados radique en alguno de los territorios y zonas geográficas más desfavorecidas, que se determinarán en cada convocatoria de subvenciones, la entidad o empresa solicitante tendrá una valoración de 1 punto. Este criterio se valorará únicamente cuando más del 50% de los trabajadores contratados vayan a prestar servicios en alguno de los territorios y zonas geográficas más desfavorecidas que se relacionen en la convocatoria.
2. Los proyectos se seleccionarán siguiendo un orden de prelación, de mayor a menor, de acuerdo con la puntuación total definitiva obtenida y hasta el límite del crédito presupuestado.
En caso de empate a puntos de valoración, tendrán preferencia en la concesión de la subvención, los solicitantes que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación con sus respectivas plantillas, o bien que, cumpliendo estrictamente con lo exigido en la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, se comprometan a contratar un porcentaje mayor de personas con discapacidad durante el plazo de ejecución de la actividad objeto de subvención. Este criterio de preferencia no operará frente a los solicitantes que carezcan de personas contratadas por cuenta ajena.
De persistir el empate, se concederá la subvención, en primer lugar, a aquellas entidades o empresas que vayan a contratar a más del 50% de los trabajadores en alguno de los territorios y zonas geográficas más desfavorecidas que se determinen en la convocatoria y, en segundo lugar, a las que hayan tenido contratados a un mayor número de trabajadores en los términos establecidos en el apartado 1.II) de esta base.
Si, una vez aplicados estos criterios de desempate, existen solicitudes con la misma puntuación, la subvención se concederá a aquellos solicitantes que acrediten una mayor antigüedad desde la fecha de constitución de la entidad o empresa, hasta la fecha de publicación de la convocatoria.
3. No obstante, cuando el crédito consignado en la Resolución de convocatoria sea suficiente para atender todas las solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos en estas Bases, hayan sido admitidas y el plazo de presentación haya finalizado, no se fijará el orden de prelación establecido en el apartado anterior.
Base 6.ª- Destinatarios de la contratación.
1. Las subvenciones se destinarán a la contratación por parte de la entidad o empresa beneficiaria, de personas que, en la fecha de inicio del contrato, se hallen desempleadas e inscritas como tales en el Servicio Público de Empleo, y pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos:
a) Desempleadas de larga duración, entendiendo por tales aquellas personas cuyo período de inscripción como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo sea de, al menos, 12 meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la contratación por la que se solicita la subvención. A estos efectos, no se computarán aquellas interrupciones iguales o inferiores a 30 días que sean consecuencia de una colocación.
b) Personas de 45 o más años de edad.
c) Víctimas de violencia de género.
d) Participantes Programa Personal de Integración y Empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
e) Personas solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
2. Además de las anteriores, también podrán ser destinatarias de las contrataciones las personas que, en la fecha de inicio del contrato, sean beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Base 7.ª- Requisitos de la actividad subvencionable y procedimiento para la selección de los destinatarios.
1. Las entidades o empresas beneficiarias deberán contratar a las personas que pertenezcan a alguno de los colectivos destinatarios citados en la Base 6.ª, directamente o mediante la presentación de oferta de empleo.
En caso de presentación de oferta, las Oficinas de Empleo realizarán la preselección de entre las personas que reúnan los requisitos exigidos en la Base 6.ª y comunicarán a la entidad o empresa el resultado de la misma, a fin de que éstas procedan a la contratación.
2. En la selección de los trabajadores por las entidades o empresas beneficiarias podrá participar personal experto en materia de inclusión social que realizará funciones de asesoramiento y colaboración.
3. Las contrataciones deberán formalizarse en el plazo que se establezca en la resolución de convocatoria.
4. Los contratos se formalizarán por escrito, en cualquiera de las modalidades contractuales de naturaleza temporal establecidas por la normativa vigente, y deberán concertarse a jornada completa.
5. Cuando se produzca la suspensión del contrato de trabajo subvencionado, podrá formalizarse el contrato temporal con cláusula específica de interinidad previsto en el artículo 15.1.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre , para la sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que el trabajador sustituto se encuentre en alguna de las situaciones previstas en la Base 6.ª.
6. Los contratos se formalizarán por un período de, al menos, 6 meses. Si antes de finalizar dicho período se extinguiera el contrato, la entidad o empresa beneficiaria podrá contratar otra persona que se encuentre en alguna de las situaciones citadas en la Base 6.ª en sustitución de aquella que causó baja. La sustitución debe producirse en el plazo de un mes desde la fecha de extinción del contrato.
7. En la convocatoria de cada ejercicio se podrá limitar el número de proyectos, solicitudes o contrataciones a admitir por cada entidad o empresa.
Base 8.ª- Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención por cada contrato a jornada completa de duración igual o superior a 6 meses, será de 10.000 euros, con independencia del salario que legal o convencionalmente le corresponda percibir al trabajador. No obstante, dicho importe se reducirá cuando la contratación no se mantenga durante el período de 6 meses y durante el tiempo en el que el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal.
Para determinar el importe de la subvención se ha utilizado el baremo estándar previsto en el artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, elaborado por el Servicio Público de Empleo. Su elaboración se ha realizado a partir del convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017, publicado en el “B.O.E.” de 3 de julio de 2015, que es de aplicación en todas aquellas empresas, asociaciones, fundaciones, centros, entidades u organizaciones similares cuya actividad principal sea la realización de actividades de acción e intervención social, cuya naturaleza jurídica no sea de derecho público, o cuyo accionista único o principal no sea una Administración Pública, así como de datos históricos de ejercicios anteriores.
El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta el salario base, las pagas extraordinarias y los costes de Seguridad Social a cargo de la entidad contratante, para aquellos grupos profesionales en los que usualmente las entidades encuadran a los trabajadores contratados para la ejecución de los proyectos.
Cuando por circunstancias sobrevenidas se produzca una modificación de las condiciones económicas, financieras o técnicas tenidas en cuenta para el establecimiento de la cuantía, el Presidente del Servicio Público de Empleo aprobará la revisión del importe de la misma, motivada a través del pertinente informe técnico y la correspondiente modificación de esta orden.
Base 9.ª- Compatibilidad.
Las subvenciones recibidas al amparo de estas Bases serán incompatibles con otras subvenciones públicas para la misma finalidad.
Base 10.ª- Órgano competente para aprobar la convocatoria.
La convocatoria de subvención será aprobada por Resolución del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
CAPÍTULO II
Procedimiento de concesión
Base 11.ª- Inicio del procedimiento.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, cuyo extracto se publicará en el “Boletín Oficial de Castilla y León”, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), una vez que se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida para su publicación.
El texto íntegro de la convocatoria se publicará en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León accesible a través de la dirección electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es.
Base 12.ª- Solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención se formularán en el modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, accesible a través de la dirección electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es. A la solicitud se acompañará la documentación que se indique en la resolución de convocatoria.
2. El período de presentación de solicitudes de las subvenciones será el que se disponga en la resolución de convocatoria, de acuerdo con los plazos que en la misma se establezcan.
3. Las solicitudes deberán cursarse de forma electrónica, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el Decreto 7/2013, de 14 de febrero , de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Para ello, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y sea compatible con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas.
Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el apartado anterior reconocidas por la Junta de Castilla y León, figuran en una relación actualizada publicada en la sede electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
Los interesados deberán cursar sus solicitudes, junto con la correspondiente documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, a través del registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de la posibilidad de requerir al particular la exhibición del documento o información original para su cotejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre .
Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si alguna entidad o empresa presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 27/2008, de 3 de abril (“B.O.C. y L.” n.º 68 de 9 de abril), por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, los solicitantes deberán encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta de resolución.
A estos efectos, según lo establecido por el artículo 6 del mencionado Decreto 27/2008, cuando el solicitante sea una entidad sin ánimo de lucro será suficiente la aportación por la entidad de la declaración responsable incorporada a la solicitud.
5. En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la presentación de la solicitud presumirá la autorización del solicitante para que el órgano instructor pueda obtener directamente o por medios telemáticos la información que cada convocatoria exija para la verificación de los datos en virtud de los cuales deba dictarse la resolución. No obstante, el interesado podrá denegar expresamente dicha autorización, en cuyo caso deberá aportar, junto con la solicitud, la documentación acreditativa de dichos datos.
6. Si la solicitud de subvención no reuniera los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previo dictado de la correspondiente resolución.
Base 13.ª- Instrucción.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión será el Servicio de Promoción del Empleo e Inserción Laboral del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. El órgano instructor realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba dictarse la resolución, pudiendo recabar a dichos efectos la colaboración de las Gerencias Provinciales del Servicio Público de Empleo de la provincia en la que radique el centro de trabajo en el que el destinatario vaya a prestar sus servicios en el momento de la formalización de la contratación. En el supuesto de que el proyecto se vaya a ejecutar en varias provincias, se podrá requerir la colaboración de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de la provincia donde el solicitante vaya a contratar a un mayor número de trabajadores.
2. Una vez evaluadas las solicitudes, conforme a los criterios establecidos en la Base 5.ª, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución, previo informe vinculante de la Comisión de Valoración.
Base 14.ª- Comisión de Valoración.
1. La Comisión de Valoración tendrá carácter colegiado y estará compuesta por los siguientes miembros: El Secretario Técnico Funcional o persona que le sustituya, que ejercerá las funciones de Presidente; tres vocales, nombrados entre el personal que ejerza sus funciones en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y el Jefe de Servicio de Promoción de Empleo e Inserción Laboral, o persona que le sustituya, que actuará como Secretario con voz y voto.
2. Esta Comisión de Valoración se ajustará en su funcionamiento al régimen establecido para los órganos colegiados en la Ley 3/2001, de 3 de julio , del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Esta Comisión podrá actuar con la colaboración de asesores especialistas en materia de inclusión social.
Base 15.ª- Resolución.
1. Las solicitudes serán resueltas por el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.b) de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que puedan efectuarse.
2. El plazo de resolución y notificación será de 6 meses, computados a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual, sin que se haya dictado y notificado resolución, se entenderán desestimadas por silencio administrativo.
3. La resolución, acordando tanto el otorgamiento de la subvención, como la desestimación, el desistimiento, la renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, será notificada en la forma establecida en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Base 16.ª-Nuevas concesiones de subvención.
La Resolución de concesión podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, se podrán asignar nuevas concesiones, sin necesidad de nueva convocatoria, a los proyectos que no llegaron a obtener subvención y que mantenían una posición inmediatamente posterior a la de los proyectos subvencionados según el orden de puntuación, siempre y cuando estos proyectos se puedan realizar en los plazos establecidos y el crédito liberado sea suficiente para atender al menos el primero de ellos.
Base 17.ª- Modificación y revisión de la subvención concedida.
1. Una vez recaída la resolución de concesión, podrá autorizarse su modificación siempre que el beneficiario lo solicite antes del inicio de las contrataciones y no dañe derechos de tercero, cuando sobrevengan circunstancias excepcionales e imprevistas que lo aconsejen, en lo concerniente a la modificación del número de trabajadores contratados ante la imposibilidad de su cobertura o dificultad en su selección y contratación.
2. Estas modificaciones no podrán suponer un aumento de la subvención inicialmente concedida, ni alterarán la finalidad de la misma.
Base 18.ª- Comunicaciones y notificaciones con los interesados.
1. Las comunicaciones que los interesados realicen con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, deberán realizarse de forma electrónica, conforme establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre , y el Decreto 7/2013, de 14 de febrero , de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través del Registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
2. Las comunicaciones y notificaciones se practicarán por medios electrónicos, en la forma que se establezca en la convocatoria, y podrán efectuarse de alguno de los modos siguientes, indicados en el artículo 28.2 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León:
a) Mediante el Buzón electrónico del ciudadano, entendiendo por tal un sistema de dirección electrónica, habilitado en la sede para la práctica de notificaciones en la forma regulada en el artículo 29 del citado Decreto. En este caso, las comunicaciones que realice la Administración al solicitante o a su representante se practicarán utilizando la aplicación corporativa denominada “Buzón Electrónico del Ciudadano”, a cuyo servicio deberán acogerse obligatoriamente los interesados en la Ventanilla del Ciudadano, disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (), y suscribirse al procedimiento correspondiente.
b) Mediante la utilización de otros medios que puedan establecerse, siempre que quede constancia de la recepción y acceso por el interesado y en las condiciones que se determinen en su regulación específica.
Base 19.ª- Justificación y pago.
1. El pago de la subvención se realizará una vez justificado el cumplimiento de las condiciones señaladas en estas Bases y en la Resolución de concesión de la subvención, previa liquidación definitiva.
2. Las entidades beneficiaras deberán presentar la siguiente documentación justificativa en el plazo de 45 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización de la actividad subvencionada:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos con los trabajos llevados a cabo, fotografías, folletos, estudios, memorias de actividad, documentos contables, etc.
b) Acreditación de la constancia de la relación laboral mediante partes de asistencia o fichajes.
c) Relación y datos de las personas contratadas.
d) Declaración de otras ayudas que la entidad o empresa tenga concedidas para las contrataciones subvencionadas, con indicación de su importe y procedencia.
e) Documentos de cotización a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores contratados.
f) En su caso, la documentación acreditativa de que el trabajador se encuentra incluido en alguna de las circunstancias previstas en los apartados c), d) y e) del punto 1 de la base 6.ª.
g) La justificación de las circunstancias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Decreto 75/2008, de 30 de octubre, se realizará mediante la documentación que se establezca en la convocatoria.
3. Los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en materia de subvenciones.
4. Podrán concederse anticipos, con la consideración de pagos a justificar, en los términos y condiciones que se establecen en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre , y demás normas que sean aplicables, previa solicitud por el beneficiario, en la forma y momento que se establezca en la convocatoria.
No se realizarán anticipos a aquellos beneficiarios que, habiendo transcurrido el plazo de justificación, no hayan presentado la documentación justificativa de otros librados con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario.
Base 20.ª- Incumplimientos.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos, condiciones, finalidades o cualquier otro incumplimiento del régimen jurídico establecido en estas Bases, en la resolución de concesión, así como la concurrencia de cualquiera de las circunstancias previstas en el Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre , de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, dará lugar a la pérdida total o parcial de la subvención concedida y al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por el beneficiario, con la exigencia de los intereses de demora desde el momento del pago hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse.
2. Dará lugar a la pérdida total de la subvención:
a) No mantener las contrataciones subvencionadas durante un período de, al menos, 4 meses, salvo que se haya procedido a la sustitución prevista en la Base 7.ª.
b) Destinar la subvención a una finalidad diferente de aquella para la que fue concedida.
c) Falsear los datos facilitados al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cuando estos hubieran sido constitutivos del otorgamiento de la subvención o de la determinación de su cuantía.
d) El incumplimiento del compromiso adquirido por el beneficiario de la subvención respecto a la contratación de personas con discapacidad, cuando la valoración de este criterio haya sido determinante para la concesión de dicha subvención.
e) El incumplimiento del compromiso adquirido por el beneficiario de la subvención respecto a la contratación de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía a que se refiere el apartado 1. III) de la Base 5.ª, cuando la valoración de este criterio haya sido determinante para la concesión de dicha subvención.
f) Cuando se conceda puntuación por el criterio previsto en el apartado VI del punto 1 de la Base 5.ª, pero se compruebe que el beneficiario no ha contratado a más del 50% de los trabajadores para prestar servicios en un centro de trabajo radicado en alguno de los territorios y zonas geográficas más desfavorecidas, si la valoración de este criterio ha sido determinante para la concesión de dicha subvención.
En relación con lo establecido en los apartados d), e) y f), se entenderá que la valoración de los criterios referidos ha sido determinante para la concesión, cuando de no haberse tenido en cuenta éstos, la puntuación final obtenida por la entidad o empresa en la fase de valoración, habría determinado su exclusión como beneficiaria de la subvención.
3. Se producirá la pérdida parcial de la subvención en los siguientes casos:
a) Cuando la contratación no se mantenga durante el período de 6 meses, pero alcance un período mínimo de 4 meses, el reintegro será proporcional al número de días que falten para cumplir el citado período de 6 meses.
b) Cuando el beneficiario de la subvención no formalice los contratos con alguno de los destinatarios previstos en la Base 6.ª, se producirá el reintegro de la subvención por el importe concedido para la contratación de ese trabajador.
c) El incumplimiento del compromiso adquirido por el beneficiario de la subvención respecto a la contratación de personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía a que se refiere el apartado 1. III) de la Base 5.ª, cuando la valoración de este criterio no haya sido determinante para la concesión de dicha subvención. En este supuesto, el importe parcial a reintegrar será el correspondiente al número de contrataciones no formalizadas con los destinatarios aludidos, a las que la entidad o empresa se hubiese comprometido a formalizar.
4. El procedimiento para determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, será el establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, así como por cuanto se dispone en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2003, de 21 de julio.
Base 21.ª- Seguimiento y control.
1. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León podrá realizar, en cualquier momento, mediante los procedimientos pertinentes, las comprobaciones que correspondan respecto al destino y aplicación de las subvenciones concedidas.
2. Las entidades o empresas beneficiarias de la subvención deberán someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, a las de control económico financiero que correspondan y, en su caso, a las de la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, así como a las que puedan efectuar, en su caso, los órganos de control del Fondo Social Europeo.
