MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Tercera de la Sala de Lo Penal estima el recurso interpuesto por el abogado Diego de Ramón que representa a más de 850 personas que adquirieron participativas y ordena a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela reabrir la causa, que ha sido archivada en varias ocasiones.
Los magistrados corrigen a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que entendió que el escrito del pasado mes de abril en el que la acusación solicitaba la testifical de ocho comercializadores con el fin de aclarar qué información recibieron los clientes sobre las participativas, se presentó fuera del plazo vigente.
Al respecto matiza que el juzgado no tiene en cuenta que la diligencia de investigación solicitada por la acusación se acordó "de manera específica" por auto el 30 de enero de este año dictado por la Sección Tercera y revocando el del juzgado del pasado mes de noviembre, por lo que entraría dentro del plazo de seis meses que dura la instrucción de la causa.
ORDENA DE NUEVO REABRIR LA CAUSA
Se trata de la tercera ocasión en la que la Sala ordena reabrir esta causa que afecta a más de 35.000 personas y cuyo origen se remonta al año 2011, cuando el abogado murciano Diego de Ramón, presentó siete querellas contra los directivos de la entidad.
El año pasado consideró oportuno continuar con la investigación para determinar si la emisión y comercialización de los productos se hizo "siguiendo un plan preordenado de recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad", tal y como parecía indicar según la Sala la prueba testifical y la argumental practicada hasta el momento.
JUICIO DE LA CAM
Esta pieza forma parte de la causa principal sobre el presunto falseamiento de las cuentas de la caja alicantina y que se está juzgando por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de mayo. En ella están personado también el letrado Diego de Ramón en representación de los afectados por este producto.
La excúpula de la caja -entre los que se encuentran el expresidente Modesto Crespo y el exdirector general Roberto López Abad-- se enfrenta a una petición de penas por parte de la Fiscalía que van desde los diez meses a los siete años y medio de cárcel por los delitos de falsedad en las cuentas, fraude y apropiación indebida.
