SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada incluye como investigados en esta pieza separada de los ERE a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera y a Ángel Quesada del Valle, que ocupaba el cargo de director general de los hoteles Sol Don Pablo y Sol Don Pedro.
La juez explica que, en esta pieza, se investigan los ERE acometidos en la empresa Nexprom de Torremolinos (Málaga), que solicitó hasta tres expedientes de regulación de empleo en 2004, de forma que el primero de ellos, para la extinción de relaciones laborales de 59 trabajadores, concluyó con un informe desfavorable de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Respecto al segundo de los ERE, con fecha de 14 de abril de 2004 se emitió un informe favorable por parte de la Delegación Provincial de Empleo, autorizándose la extinción de 55 relaciones laborales en la mercantil.
Para la articulación del ERE, se suscribió una póliza en la que el tomador del seguro era Nexprom y que incluía a 60 trabajadores, la cual se desarrolló con una primera prima para 26 asegurados ascendente a 2.592.504,92 euros a financiar por la Junta, mientras que la cantidad a financiar por la empresa es de 364.000 euros.
Esta póliza consta de un primer suplemento, de fecha 26 de octubre de 2004, por el que se da de alta a 25 nuevos asegurados, el cual fue autorizado por la Dirección General de Trabajo el día 27 de octubre de 2004, siendo el importe a financiar por la Junta de 3.154.154,70 euros y por la empresa de 112.000 euros.
Asimismo, se realizó un segundo suplemento a la póliza de fecha 3 de enero de 2005 por el que se dio de alta a nueve nuevos asegurados, con una financiación de la Junta de 1.045.871,19 euros y por parte de la empresa de 112.000 euros, autorizándose por la Dirección de Trabajo el 22 de diciembre de 2004 para un total de ocho trabajadores.
LA PÓLIZA
Seguidamente, la juez alude a un tercer suplemento de la póliza, de fecha 15 de abril de 2009, "al parecer para la refinanciación del importe pendiente de abono por parte de la Junta, lo que incrementaría la póliza en la cantidad de 1.537.017,74 euros (resolución de 5 de mayo de 2009 del titular de la Dirección de Trabajo)".
La juez asegura que, en total, la financiación total por parte de la Junta de Andalucía ascendió a 8.329.548,55 euros, y añade, en relación a este tercer suplemento, que el director de Trabajo dictó el 5 de mayo de 2009 una resolución de concesión de una ayuda excepcional de 4.988.548,55 euros cuyos beneficiarios son "35 extrabajadores de Nexprom".
"Al parecer, la misma se destina a refinanciar la deuda pendiente de abonar por la Junta, que en ese momento ascendía a 3.451.530,81 euros, y con el coste de la refinanciación, 1.537.017,74 euros, el total del importe asciende a 4.988.548,55 euros", pone de manifiesto la magistrada.
Respecto al tercero de los ERE, dice que, el 16 de diciembre de 2004, el delegado provincial de Empleo en Málaga dictó una resolución autorizando a Nexprom a extinguir las relaciones laborales de diez trabajadores de su plantilla a partir de la fecha de la resolución.
"PAGOS CRUZADOS"
La juez agrega que, "de estos diez trabajadores afectados por el ERE, a ocho de ellos se les ha incluido en el suplemento número 2 de la póliza, si bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero de las condiciones particulares de la póliza, ésta tiene por objeto el aseguramiento de los compromisos asumidos por el tomador".
Asimismo, y con fecha 30 de marzo de 2006, la Dirección General de Trabajo suscribió un convenio con la agencia IDEA por el que encomienda a dicha entidad el pago de ayudas a 35 extrabajadores de Nexprom, de forma que los pagos realizados por IFA/IDEA durante los ejercicios 2006 a 2010 ascendieron a 4.352.198,17 euros.
La juez señala que "hay indicios de haberse realizado 'pagos cruzados' (positivo) por importe de 250.000 euros, realizado por la compañía aseguradora Vitalicio Seguros con fecha 9 de febrero de 2006 a favor de Nexprom".
Según expone la instructora, los hechos investigados por la Guardia Civil y analizados en el atestado elevado al Juzgado "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", por lo que abre esta nueva pieza separada e incluye en la misma a los dos exdirectores generales de Trabajo referidos.
