MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
En un comunicado hecho público este miércoles, el sindicato destaca la "incapacidad y la falta de interés" en la reforma del Registro Civil por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y de la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Esta protesta tiene lugar tras conocer la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado en la que se propone diferir la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019.
Para el sindicato, la enmienda 'popular' es "insuficiente" y "vaga" por alegar "motivos organizativos y tecnológicos". Según recuerda SISEJ, esta ley fue aprobada por todos los grupos políticos y se estableció que el Registro Civil se encontraría fuera de la Administración de Justicia dirigido por los Letrados.
Es un "mandato parlamentario claro y nítido", añade la asociación. Sin embargo, según dice el comunicado, el Gobierno ha tratado de "eludir" el cumplimiento de la ley por lo que se está dando una "verdadera e insólita quiebra de la democracia".
Asimismo, reclama al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que, en caso de que se apruebe la prórroga, aclare quiénes van a ser los encargados del Registro Civil hasta 2019 y si no son los Letrados de la Administración de Justicia que justifique el por qué. En este sentido, lamenta que el responsable de esta cartera afirmase el pasado mes de febrero que el Registro Civil sería por los antiguos secretarios judiciales pero que seguiría permaneciendo en la Administración de Justicia.
"INDETERMINACIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA"
Por último, el sindicato muestra su preocupación por la "indeterminación e inseguridad jurídica" que se ha generado, ya que la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015 entra en vigor el próximo 30 de junio, pero muchos trámites deben estar en coordinación con la Ley del Registro Civil.
Es el caso de la tramitación de los expedientes de capacidad previa a la celebración del matrimonio civil, que según dicha normativa deberían empezar a ser tramitados por Letrados de la Administración de Justicia y notarios.
"No tiene sentido que se permita tramitar expedientes sin aclarar qué normativa deben aplicar", dice el sindicato, que, a consecuencia, solicita que se aplace también la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
