DESCALIFICAR A LA JUSTICIA EN UN ESTADO DE DERECHO
El pasado 12 de abril, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó (con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y el voto en contra de UPN, PSN y PPN) una declaración institucional en la que considera “una agresión a su soberanía y un ultraje a las más de 3.500 personas asesinadas en Navarra la decisión del TSJN, a instancias de la Delegación de Gobierno, de suspender la decisión adoptada por el Parlamento de Navarra de colocar en su fachada la enseña republicana el próximo 14 de abril como muestra de compromiso con la democracia, los derechos humanos y los valores republicanos”.
Esta declaración ha tenido una inmediata réplica por parte del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve Sauras, quien en un sensato comunicado la ha calificado como una falta de respeto institucional.
El Consejo General del Poder Judicial ha venido manteniendo, de forma reiterada y prolongada, que la crítica a las resoluciones judiciales forma parte de los derechos a la libertad de expresión y/o de información, contribuyendo a la correcta formación de la opinión pública, esencial en una sociedad libre. Al mismo tiempo, también ha señalado que cuando estas opiniones se vierten por responsables públicos, tales críticas han de ser contenidas, ya que en otro caso no solo se comprometerá el deber de respeto hacia las decisiones judiciales, sino que, además, se transmite a los ciudadanos una imagen distorsionada de la Justicia y del principio constitucional de separación de poderes.
La declaración referida tiene, a mayores, un carácter institucional, lo que realza la importancia y la gravedad de lo que en ella se dice. In claris non fit interpretatio, por lo que la lectura de aquella no deja lugar a ninguna duda acerca de lo que se ha querido decir, no es necesaria ninguna interpretación.
Lamentablemente no es la primera vez que desde la Junta de Portavoces del Parlamento foral se emite una declaración crítica con las decisiones judiciales. Así, el pasado día 21 de noviembre se cuestionaba la actuación de los órganos de la Audiencia Nacional en relación a la calificación como delito de terrorismo de los hechos ocurridos en Alsasua; considerando también que las medidas cautelares acordadas eran desproporcionadas, injustificadas e innecesarias para el desarrollo de la instrucción. La declaración del pasado mes de abril añade unas descalificaciones que no solo producen perplejidad sino que también, como señala el presidente del TSJN, causan una honda preocupación.
Las democracias descansan, desde la Revolución Francesa, en el archiconocido principio de separación de poderes, en cuya virtud la función de juzgar corresponde a un poder del Estado, pero no político, el poder judicial. Se subraya así la primacía de la Constitución y de la ley como elemento determinante de la convivencia social; en esto cabe resumir el Estado de Derecho, que junto con los caracteres de democrático y social configuran los regímenes políticos más avanzados.
No, no hay ninguna agresión en ninguna resolución judicial, ni se lesiona la soberanía institucional de las Cortes o las asambleas legislativas cuando los tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional se pronuncian acerca de sus decisiones. Es el Estado de Derecho, es la separación de poderes, es el principio modernamente conocido como checks and balances. Son las reglas del juego, decididas de forma democrática por ciudadanos libres que han querido, que quieren, esta forma de convivencia. Ningún poder es omnímodo, debiendo regirse la relación entre ellos por la delimitación de sus respectivas funciones y por el respeto y lealtad institucional, que lleva a la creación de espacios de colaboración y diálogo.
Acerca de la calificación hecha de la sentencia en la referida declaración como “ultraje a las más de 3.500 personas asesinadas en Navarra”, nada diré, no por considerarlo irrelevante sino por deber institucional de prudencia; pero sí quiero terminar reafirmando el irrenunciable y constitucionalmente exigible compromiso del poder judicial con la democracia, los derechos humanos y los valores constitucionales.
