LA FISCALÍA EUROPEA, UN NUEVO ACTOR EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA FINANCIERA EN LA UNIÓN
El martes día 25 de abril de 2017 el Consejo adoptó, tras un largo periodo de discusión, la directiva sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea que a continuación deberá ser votada en el Parlamento y publicada en el Diario Oficial de la Unión para que los Estados Miembros adquieran la obligación de su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales.
La importancia de esta próxima directiva radica en que introduce mejoras evidentes en la investigación y en el castigo de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, dentro de todo su espacio judicial, al mismo tiempo que facilita la recuperación de los fondos europeos gastados de manera irregular.
No obstante, no se agota aquí su repercusión, sino que de forma trascendente, su articulado pasará a formar parte del marco jurídico que tendrá que aplicar la futura Fiscalía europea y le servirá de herramienta necesaria al obligar a las diversas legislaciones nacionales a tener unas definiciones comunes de los delitos, a armonizar las normas procesales para perseguirlos y a establecer unas sanciones mínimas comunes, que prevén penas privativas de libertad para los supuestos más graves, siempre dentro del ámbito competencial perfilado en la directiva.
La Comisión ha destacado de forma reiterada la necesidad de dotar mecanismos jurídicos de corte comunitario para luchar eficazmente contra el fraude a los intereses de la Unión y, de esta forma, arbitrar fórmulas que permitan actuar en los tribunales penales de los Estados miembros, superando la ausencia de competencia que tenían los organismos europeos para intervenir en estos foros. Por todo ello, la vinculación de esta directiva al proceso de creación de una Fiscalía europea, en el ámbito del espacio de justicia, libertad y seguridad de la Unión, es posiblemente el aspecto más relevante que conlleva.
Desde el punto de vista de la lealtad institucional y la fiel cooperación con las instituciones europeas, el Ministerio de Justicia español y la Fiscalía General del Estado, de forma concertada, han apostando fuertemente por su impulso. Lamentablemente pese a su importancia como nuevo actor llamado a intervenir en los estrados judiciales y a luchar contra el fraude, la corrupción activa o pasiva, la malversación de fondos y el lavado de dinero que afecte a los intereses de la UE así como los fraudes de IVA transnacional en cuantías superior a los diez millones de euros, no se ha prestado, ni por la opinión pública ni por los medios de comunicación, la atención que precisa este nuevo personaje cuya misión asegurará el mejor y más eficiente uso del dinero de los contribuyentes.
La creación de la Fiscalía europea, que revestirá la forma de un colegio de fiscales procedentes de cada uno de los Estados miembros que quieran formar parte de ésta, va a poner en marcha una institución que ejemplifica un mayor grado de integración europea en campos tan sensibles como son la justicia penal pero en los que el recelo tradicional de los Estados a perder sus parcelas de soberanía es todavía elevado y ha determinado que sea previsible para su aprobación el acudir a un procedimiento legislativo que precise de una cooperación reforzada así como que su entrada en vigor afecte, lo más seguro, no a todos los Estados pero si al menos a un número elevado.
La importancia de los avances legales que se producen en la Unión son, a veces, percibidos con escepticismo y tedio por su lejanía e intrincado sistemas de elaboración y nos obliga a los profesionales del derecho a explicar hasta la extenuación su relevancia máxime en un momento en el que el desafecto a las instituciones por parte de la sociedad y las fuerzas centrífugas amenazan con nubarrones el devenir histórico de los Estados de Europa.
En cualquier caso, no se puede ser ajeno a una institución clave para el futuro inmediato, ni mantener posiciones vacilantes dado que su puesta en marcha ayudará claramente a fomentar la confianza de todos los ciudadanos y de las empresas que operan en el marco comunitario, la Fiscalía europea asegurará una mejor prestación de un servicio público y aumentará la percepción global de seguridad lo que repercutirá finalmente en beneficio del conjunto de la Unión.
