MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Se trata de una reforma puntual de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que fue promovida por PP, PSOE y Ciudadanos ante las quejas de los profesionales del turno de oficio que habían empezado a recibir avisos de Hacienda exigiéndoles el IVA a raíz de la citada sentencia. Además de presentarse la iniciativa, la Agencia Tributaria se comprometió a no aplicar la directriz de reclamar el 21% de IVA a estos abogados y procuradores.
La reforma se ha tramitado por la vía de urgencia y este martes el Congreso ratificará el procedimiento 'exprés' aceptando que todo culmine el jueves en un único debate parlamentario en el Pleno del Congreso. La toma en consideración de la iniciativa se aprobó el pasado martes sin votos en contra y con la única abstención de Unidos Podemos.
En aquel primer debate, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, defendió la gratuidad del Turno de Oficio como garantía de la tutela judicial efectiva y de "atención de los más vulnerables". "Este modelo de servicio público forma parte del Estado social y democrático de Derecho", añadió.
El carácter obligatorio y gratuito subvencionado por el Estado fue uno de los puntos que más resaltó también el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, quien recordó que la Agencia Tributaria ya tenía entendido que los abogados de oficio están exentos del IVA antes de la sentencia del TJUE, pero considera imprescindible reformar la ley para que la asistencia jurídica gratuita "no se vea atrapado en la red de tributos, que nunca lo estuvo".
El diputado de Ciudadanos, Marcial Gómez, aseguró que la asistencia jurídica gratuita es un "pilar básico" de la democracia y que los letrados y procuradores que la hacen efectiva "no reciben el reconocimiento que se merecen por parte de las Administraciones Públicas". Es más, se quejó de que las cantidades con las que se subvencionan a los profesionales ni están actualizadas, ni son homogéneas en todo el territorio español.
El ponente de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, recalcó que con la tramitación de esta proposición de ley se "pone fin a la confusión generada" por la interpretación de tener que aplicar a los prestadores de la asistencia jurídica gratuita el 21 por ciento de IVA.
De su lado, el portavoz del PNV, Mikel Legarda, incidió en que la asistencia jurídica gratuita, al ser un servicio y sometido a "disciplina pública", tiene la obligación "irrenunciable" de ser retribuida.
