PALMA DE MALLORCA, 13 (EUROPA PRESS)
El juicio comenzará este miércoles 17 y continuará los días 18, 19, 24, 25, 26 y 30 de mayo.
Están acusados, de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible y falsedad en documento mercantil, Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz-Mateos, además del empresario fundador de Rumasa y Nueva Rumasa, fallecido en septiembre de 2015. La causa también se dirige contra siete empresas como responsables civiles.
Según las conclusiones del fiscal, los siete acusados, directivos de Nueva Rumasa, aparentaron una solvencia en realidad inexistente para conseguir que los afectados les vendieran su participación en las sociedades de los hoteles aplazando una parte importante del cobro.
Para generar la imagen de solvencia los hermanos ofrecieron un aval solidario propio como administradores de Nueva Rumasa así como de las empresas más conocidas y rentables del grupo. También ofrecieron pagarés igualmente avalados por ellos y por estas empresas.
El Ministerio Fiscal sostiene que para obtener la titularidad de los hoteles, presentaron garantías y avales falsos y una vez se habían entregado los hoteles no pagaron el precio acordado de la adquisición, de 11,7 millones de euros con un aplazamiento de más del 80% del precio (9,4 millones).
"JAMÁS TUVIERON INTENCIÓN DE PAGAR EL PRECIO"
Según el escrito de acusación, los hermanos Ruiz-Mateos "jamás tuvieron intención de pagar el precio" y tras obtener las participaciones inmediatamente hipotecaron los inmuebles, de forma que era inviable la recuperación de los mismos. Los fondos de las hipotecas no fueron destinados ni al pago del precio, ni a la actividad de los hoteles sino que se desviaron a beneficio particular.
En cuanto a los pagarés, los acusados sólo atendieron los vencimientos durante un año y cuatro meses y desde abril de 2010 no han pagado ninguna cantidad. De hecho, el Ministerio Fiscal también destaca que la familia obstaculizó los procedimientos judiciales e incluso negaron la autenticidad de su firma en los pagarés ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid.
Además, "trataron de hacer inviable cualquier tentativa de resolución de la operación compraventa con posteriores maniobras jurídicas".
La Fiscalía calcula que los hermanos Ruiz-Mateos obtuvieron beneficios de unos 81 millones de euros utilizando como garantía los hoteles vendidos.
PIDE SIETE AÑOS
El fiscal pide por estos hechos siete años para cada uno de los acusados, además una inhabilitación para el ejercicio de actividades mercantiles y de comercio o administrar y dirigir sociedades mercantiles durante el tiempo de la condena.
También reclama que los hermanos Ruiz-Mateos indemnicen a los vendedores en las cantidades no satisfechas del precio prometido más los intereses legales.
