MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido emitido por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y desestima el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado y la Asociación Transparencia y Justicia contra la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Madrid, el 31 de mayo de 2016. Además de la de Arnaiz, el TS también confirma la absolución de otros cuatro acusados.
En la resolución, el TS condena al pago de costas a los recurrentes y establece que la decisión es firme, aunque contra la misma se puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
El caso se remonta a mayo de 2009, cuando el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid instruyó un procedimiento abreviado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales contra Arnaiz y otras cuatro personas por el cobro de facturas por trabajos para una empresa vinculada al Banco Santander.
La sentencia del TS recoge que "no concurre" la conducta defraudatoria que se le imputa a Arnaiz y "tampoco el dolo defraudatorio" para aplicar el delito fiscal. "La deuda tributaria procedente de la obtención de renta que simuladamente se había atribuido a la referida entidad fue abonada realmente por el obligado fiscal que estaba oculto tras la simulación, sin que hubiera otros ingresos económicos que permitieran calificar de nuevos hechos impositivos los trasiegos simulados entre las entidades", señala el documento.
El fallo del Alto Tribunal recoge Arnaiz percibió 1,9 millones de euros por cuatro facturas, por las que "abonó al Fisco" a través de "una sociedad impuesta", la cantidad de 420.000 euros.
Se indica también que "no consta acreditado" que el dinero con el que operaron los acusados "procediera de actividad delictiva alguna". "Se trata del cobro por el acusado Leopoldo Arnaiz de esa suma de dinero por unos servicios prestados a una entidad que forma parte del Grupo del Banco de Santander", añade la resolución.
En declaraciones a Europa Press, Arnaiz ha mostrado su "satisfacción" ante la resolución del Supremo. De este modo, ha dicho que se cierran 15 años de procedimientos judiciales y acusaciones por su intervención como urbanista en diversos municipios madrileños, en los que ha sido "reiteradamente absuelto".
"Nunca, jamás, se ha valorado mi presunción de inocencia. Sin tener la condición de funcionario público, que abandone hace más de 37 años, he mantenido mi actividad privada y la de mi equipo a pesar de la dificultad empresarial y bancaria para superar la crisis, soportando un elevadísimo e injusto daño personal y profesional en esta última época", ha señalado.
En este sentido, ha hecho alusión a los "continuos ataques" que ha "soportado" y que le han ocasionado "importantes perjuicios" tanto a él como a sus "equipos, socios y partners". "Ellos han sufrido las consecuencias de estas acusaciones falsas y sesgadas a lo largo de estos 15 años", ha subrayado.
Fuentes cercanas a Arnaiz han recordado que en 2009, tras ocho años de imputación, el urbanista fue exculpado del delito de negociación prohibida a funcionario público y uso de información privilegiada en el caso de la Ciudad Financiera del Santander, en Boadilla del Monte.
También han añadido que, en 2014, once años después de que fuera acusado, quedó también absuelto del mismo delito en Alcorcón. *"En 2015, Leopoldo Arnaiz fue acusado por una exsocia de un delito de estafa, del que el juzgado dictó su sobreseimiento al no encontrar indicio alguno de culpabilidad", han concluido.
SU HIJO, GESTOR DEL SUELO DE CORDISH
El nombre de Leopoldo Arnaiz ha salido recientemente, con la llegada del Grupo Cordish a Madrid, donde el grupo americano quiere levantar, en Torres de la Alameda, el proyecto de Live! Resorts Madrid, un macrocomplejo de ocio, entretenimiento y juego a modo de Centro Integral de Desarrollo (CID). Su gestor del suelo es hijo del urbanista.
Desde Cordish explicaron entonces que durante más de un año y medio el grupo estuvo trabajando para encontrar el suelo idóneo y comprarlo, pese a que la ley permite la expropiación. Este punto era importante para ellos, como ha explicado, porque querían alejarse de la connotación negativa que pueda tener la expropiación y llegar a acuerdos de compra con todos los propietarios de los terrenos.
De este modo, tras recorrer toda la Comunidad y negociar con propietarios, intermediarios, parcelistas e incluso a entidades bancarias, se decidió contratar a Arnaiz & Partners, un gestor de suelo que, en nombre y por cuenta de Cordish consiguió ensamblar el suelo y firmó y negoció opciones de compra con aproximadamente 60 firmantes/propietarios de 17 parcelas.
Como consta en los contratos, y con el fin de evitar que se hable de especulación, se explica que la mercantil está interesada en adquirir la totalidad de la finca para "conjuntamente con otras fincas para constituir una superficie que permita tramitar ante la Comunidad de Madrid un CID por una empresa norteamericana".
