La tendencia a resaltar lo negativo ahoga la realidad de lo positivo. Es lo que pasa con la valoración de nuestra Justicia, que la inmensa mayoría de los ciudadanos identifica sólo con jueces y sus conocimientos proceden mayoritariamente de tertulias en las que no faltan opinadores de dudoso rigor, o de noticias que llegan por una prensa -y hago las excepciones que haya que hacer- no siempre bien informada ni formada y bastantes veces tergiversadora. Pero vamos por partes.
Según el reciente Cuadro de indicadores de la Justicia de la Unión Europea, presentado en Bruselas por la Comisaria de Justicia, España mejora globalmente en cuanto a la calidad de nuestra Justicia. Destaca ese informe los siguientes aspectos positivos: España mejora sus resultados en cuanto a la accesibilidad de nuestro sistema judicial; estamos en puestos de cabeza en comunicaciones electrónicas tanto entre profesionales como con los ciudadanos, lo que afecta a la tramitación de los procesos (envío de escritos, actos de comunicación y empleo de nuevas tecnologías en la gestión de tribunales) y a la disponibilidad de información judicial.
Pero no sólo esto, España obtiene la máxima puntuación en materia de comunicación con las partes, así como la información que se facilita a los medios de comunicación y nuestro sistema sale muy bien valorado a la hora de informar a los interesados sobre la progresión de sus asuntos. También vamos bien cuanto a la asistencia jurídica gratuita y así se destaca que personas con ingresos superiores al umbral de la pobreza marcado por Eurostat acceden a este servicio. También mejoramos en la duración de los procedimientos, punto en el que España progresa de año en año y se destaca un concreto ámbito en el que la duración de los procedimientos es de los mejores de Europa: infracciones de propiedad intelectual y protección de consumidores.
No obstante, ese análisis no deja de ser global lo que puede crear un efecto espejismo: el sistema en conjunto mejora, pero esa valoración no es concluyente para una organización tan compleja como la judicial, en la que la eficacia o ineficacia va por territorios, jurisdicciones, instancias, etc. Hay ámbitos donde la Justicia va bien y otros no tan bien.
En todo caso, el informe debería tener algún un efecto ansiolítico ante tanto análisis tremendista sobre la Justicia; al menos, confirma que en la modernización del trabajo judicial radica buena parte de su eficacia. Es más, en temas no “tecnificados” como la independencia judicial, la Comisión Europea destaca que España cuenta con medidas objetivas para salvaguardar y garantizar la independencia judicial; y se añade que hemos mejorado en la percepción subjetiva de esa independencia por ciudadanos y empresas, según el indicador de la encuesta de percepción del Foro Económico Mundial. Sin embargo, pese a no ser desfavorable en ese punto, comparados con otros países, sí que descendemos puestos.
Ese descenso está en línea con las encuestas internas respecto de la percepción ciudadana sobre la independencia e igualdad ante los tribunales y esto es grave porque ¿de qué sirve que seamos unos ases en nuevas tecnologías si fallamos en independencia, que es la esencia de la Justicia? Punto central es la elección del Consejo General del Poder Judicial, tema agotador donde los haya y cuya reforma depende del cumplimiento de los pactos de investidura; aun así, el informe se basa en percepciones subjetivas, en lo que incide y mucho la prensa, de ahí que comenzase estas líneas con una amable andanada a los formadores de opinión.
Hay motivos para cierto optimismo pero queda mucho camino: reformar las profesiones jurídicas; un mapa judicial al servicio de una Justicia eficaz, no de intereses locales; una organización que supere el modelo de 1870; potenciar y fomentar medidas disuasorias del pleito; qué investigación penal se quiere; una oficina judicial al servicio de la Justicia, no de algunos cuerpos funcionariales en permanente crisis de identidad y utilidad, etc. Hay mucho pendiente, por lo que la manida, tópica, simplona, acrítica y proletarizante -creo que no olvido adjetivos- solución de “más jueces”, tan querida en el sindicalismo judicial, sólo consolidaría y multiplicaría un modelo desfasado. En vez de la primera -o única- pregunta, debería ser la última.
