MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
A propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Consejo de Ministros ha aprobado este Real Decreto cuya tramitación es el procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones que establece que se podrán conceder ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario.
Según ha informado en un comunicado el Ministerio de Justicia, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 no se extendieron hasta este tipo de subvenciones y se considera "necesaria" la aprobación de una norma para mantener estos gastos en 2017.
De acuerdo a lo aprobado este viernes, se destinarán 33,8 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española y otros 2,7 millones al Consejo General de los Procuradores de España en materia de asistencia jurídica gratuita. Estas cantidades, que se efectuarán cada tres meses, serán distribuidas entre sus respectivos colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos.
GRUPO DE TRABAJO PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA JUSTICIA GRATUITA
Además, Justicia ha informado sobre la constitución de un grupo de trabajo entre el Ministerio y el Consejo General de la Abogacía Española para impulsar medidas que permitan mejorar la eficacia en la gestión de la asistencia jurídica gratuita acortando los tiempos de tramitación.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos recibirá 745.900 euros, en periodos bimensuales, para la atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. También se destinará a la elaboración de las periciales psicológicas a solicitud de los órganos judiciales.
La subvención a la Justicia gratuita se enmarcan dentro de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que establece que se financiará a través de fondos públicos. De igual modo, existen diferentes textos normativos establecen la obligación del Ministerio de Justicia de disponer de Oficinas de Asistencia a las Víctimas en aquellos juzgados, tribunales o fiscalías donde sean requeridas, así como el derecho de las víctimas a acceder de forma gratuita a los servicios de estas oficinas.
