BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Congreso se celebrará en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y la inauguración el día 23 correrá a cargo del portavoz de JpD, Ignacio González, del presidente del alto tribunal vasco, Juan Luis Ibarra, y de la viceconsejera de Justicia, Miren Gallastegui.
La asociación judicial estudiará en el encuentro cuestiones de actualidad en materia de derecho de familia, contratación, protección de los consumidores, desahucios y procedimiento de ejecución hipotecaria, insolvencias de las personas físicas, dación en pago y litigiosidad bancaria.
Un primer tema de estudio serán las consecuencias de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de la UE del 21 diciembre 2016 en materia de cláusulas suelo y el Real Decreto Ley 1/2017 que el Gobierno ha dictado para ofrecer una solución no judicial a los clientes con este tipo de previsión contractual.
En este sentido, ha destacado que esta resolución judicial permite, "sobre una cláusula muy usada, la de vencimiento anticipado, reclamar la totalidad de lo adeudado si se produce el impago de alguna cantidad del préstamo hipotecario".
Además de temas que tienen que ver con la patria potestad, el Congreso de Jueces para la Democracia estudiará también la viabilidad de reclamaciones de gastos de escritura, inscripción en el Registro y gestoría, que la STS 23 diciembre 2015 consideró abusivas.
SITUACIÓN DE LOS CONSUMIDORES
JpD pretende este año hacer especial hincapié en la situación de los consumidores tras los últimos pronunciamientos del TEJUE en materia de vencimiento anticipado o cláusulas suelo, porque suponen "cambios significativos" en la jurisprudencia hasta ahora vigente.
La asociación judicial considera que, seguramente, provocarán un incremento de litigiosidad, pese a las medidas que, en el caso de las cláusulas suelo, se han adoptado por el Gobierno de España a través del Real Decreto Ley 1/2017, del 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores, publicado el 21 de enero pasado.
Jueces para la Democracia tiene como objetivo afrontar el estudio de
medidas que puedan servir a la ciudadanía y los profesionales del Derecho
en materia de derechos. A su juicio, la protección del consumidor "es un instrumento útil, y un objetivo del acervo de la UE y de los derechos civiles y políticos".
Para ello, apunta que se dispone de diversa legislación y, en concreto, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, la Ley 6/2003 de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.
Además, señala que existen mecanismos que podrían utilizarse, como sistemas de mediación, que pueden contribuir a "dar respuesta a demandas ciudadanas masivas, como las que ahora protagonizan consumidores en temas como cláusulas suelo, gastos de hipoteca, aportaciones financieras subordinadas o cláusulas abusivas". "Estudiar estas vías puede descongestionar la Administración de Justicia y permitir la satisfacción de los perjudicados", subraya.
