MADRID, 20(EUROPA PRESS)
La sentencia, de la que es ponente el presidente de la sala Ángel Calderón, recoge que el agente sancionado se llegó a reunir en dos ocasiones en 2012 con la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Benavente (Zamora) para decidir sobre los lugares apropiados para colocar esquelas funerarias, que hasta ese momento se fijaban en árboles y farolas.
En un segundo encuentro, hablaron del alquiler de local para velatorios y la compraventa de empresas de servicios funerarios, identificándose como el responsable o representante de asuntos externos de la sociedad de su suegro.
Un mes antes, el agente llegó a amenazar a un hombre que ya había contratado una empresa funeraria de su confianza tras el fallecimiento de un familiar que, si no aceptaba los servicios de la funeraria de su novia, podría tener pegas para sacar el cadáver de su pariente del tanatorio.
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
Por estos hechos la Sala Quinta desestima el recurso interpuesto por el guardia civil contra la sentencia del Tribunal Militar Central y recoge que el bien que se protege con el régimen de incompatibilidades aplicables a los miembros del Instituto Armado es tanto la total dedicación profesional de estos como el tratamiento "objetivo e igualitario" de los ciudadanos sin influencias de vinculaciones laborales o profesionales.
"Se trata de preservar no solo la necesaria objetividad e imparcialidad de los miembros del Instituto Armado, que pueden quedar comprometidas con el desempeño de actividades relacionadas con la función, sino de asegurar la plena dedicación que resulta exigible a quienes integran las fuerzas y cuerpos de seguridad", reza la resolución.
