MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
En declaraciones a los medios, durante la celebración del XXIV Congreso de su organización, inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, Lozano ha reclama el fomento y la especialización de los abogados en materia de mediación, pues, según ha apuntado, la mitad de los procesos familiares en los que se recurrió a este sistema en 2015, mediante proyectos piloto en juzgados, se resolvieron favorablemente.
"No creo que la mediación tenga por finalidad descargar a los tribunales", ha aseverado, para añadir que el objetivo es resolver el conflicto antes de que se judicialice porque "beneficia al justiciado". "Hay muchos asuntos que son 'mediables' en las crisis familiares", ha subrayado esta abogada, que lamenta, sin embargo, que la mediación no se impulse suficientemente en España.
"Aquí estamos en la cultura del litigio, nos sentimos más cómodos siendo adversarios, que negociando", sostiene Lozano que recuerda que los vecinos europeos, Portugal y Francia, tienen implantado desde hace mucho tiempo este sistema.
Según ha explicado, antes de que un proceso de divorcio llegue al juzgado en estos paíases, las partes tienen que acreditar que han intentado resolver el conflicto a través de la mediación. También pueden recurrir a ella durante el trámite judicial, que incluso se puede suspender si se llega a un pacto.
Los acuerdo de mediación se trasladan a un convenio regulador, que forma parte de la sentencia a la que llegan las partes. "En un proceso de familia, todo el mundo pierde, nadie gana porque, aunque una sentencia pueda parecer favorable para una de las partes existe otra que no está de acuerdo ni le satisfaga, lo que motiva a la presentación de un recurso y el proceso acabe siendo vorágine, que cronifica un problema familiar no resulto", ha explicado.
FALTA DE MEDIOS
Según recuerda, en España hay una ley nacional de mediación y trece autonómicas y que cada vez más las asociaciones y colegios de abogados están formando en mediación, al igual que lo hacen otros colectivos profesionales --economistas, arquitectos o ingenietos-- y las propias administraciones locales y autonómicas.
La causa por la que, según Lozano, no se extiende este sistema en la resolución de conflictos familiares en España se debe a una "falta de medios brutal" y a que los poderes públicos enfocan la mediación como una alternativa que da la administración y no los mediadores privados, como se hace desde hace décadas en los países anglosajones y en varios latinoamericanos.
Otra fórmula para evitar que se judialicen los casos familiares es la abogacía colaborativa, desarrollada en varios países europeos, mediante la cual las partes se comprometen a llegar a un acuerdo y sus abogados, junto a otros especialistas --peritos, psicólogos o trabajadores sociales, entre otros-- negocian el acuerdo, pero, si finalmente no lo logran, ninguno de ellos puede representar a sus clientes en el proceso contencioso. Esta fórmula se está empezando a desarrollar en Cataluña, según ha precisado.
