MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Para Álvarez Miranda, este debe ser uno de los objetivos de la Administración para "eliminar en la medida de lo posible dependencias respecto a los fabricantes y aprovechar la oferta de un mercado más competitivo".
Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, el presidente de este organismo ha señalado que esta medida podría acabar con la "dependencia o cautividad tecnológica" que el tribunal detecta en este tipo de contrataciones, pues obligan a adjudicaciones posteriores con el mismo proveedor.
"Hay veces que no hay más remedio pero, siempre que sea posible, la opción de atenerse a sistemas de estándares abiertos es siempre buena", ha dicho tras su exposición del informe de fiscalización de la contratación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social entre 2006 y 2009.
El hecho de que haya pasado tanto tiempo respecto a los hechos analizados, e incluso el momento en el que se hizo público el informe, ha sido comentado por varios grupos, llegando a reconocer Álvarez de Miranda que varias de las recomendaciones emitidas ya habían sido tomadas en cuenta por la Administración.
No así las referidas a este tipo de contratos de equipos y programas informáticos, donde a juicio del organismo fiscalizador, existe un "elevado grado de concentración en un reducido número de empresas".
En el caso de la Gerencia Informática de la Seguridad Social, unicamente ocho empresas obtuvieron más del 50% del gasto contratado en las adjudicaciones entre 2006 y 2009, representando el 43,33% los contratos suscritos a través de adjudicaciones de procedimiento negociado.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL AL MARGEN DE LA LEY LABORAL
El "exceso" de adjudicaciones en procedimiento negociado es una constante en la contratación pública, al menos de los recursos informáticos, pues según señala el Tribunal, entre 2011 y 2012 "la práctica totalidad de los contratos" en matenimiento de equipos y programas también se llevaron a cabo a través de esta práctica.
En los contratos informáticos el Tribunal también cuestiona los de consultoría y asistencia y de servicios, celebrados como consecuencia de la "insuficiencia" de personal propio cualificado en la Gerencia de Informática.
Casi la mitad del total adjudicado entre 2006 y 2009 --226 millones de euros de 531,5 millones-- se destinó a servicios de carácter informático, todo ello "al margen de la legislación laboral y de la función pública", lo que puede tener como riesgo "la posible cesión ilegal de trabajadores" y que, a través de sentencias judiciales, podrían convertirles en personal laboral de la Administración.
