MADRID/OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El objetivo de la reforma es adaptar su legislación a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene. En último término, se busca evitar que el Tribunal de Justicia de la UE imponga una multa a España.
El Ejecutivo aprueba finalmente esta reforma sin que por el momento exista un acuerdo entre patronal y sindicatos y mientras los estibadores tienen convocado un calendario de tres semanas de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el texto de la reforma pasa ahora al Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con un plazo máximo de un mes para buscar apoyos suficientes entre los grupos parlamentarios para que sea validado.
La reforma afecta a un sector básico para la economía española. Los estibadores garantizan la carga y descarga de la mercancía que entra y sale del país por mar, un volumen de carga anual valorado en unos 200.000 millones de euros, que supone el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones.
TRES AÑOS PARA ABRIR EL SECTOR.
El Real Decreto Ley de reforma de la estiba que hoy aprueba el Gobierno establece un periodo de tres años para que desaparezcan las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep.
Estas firmas monopolizan actualmente el sector, pues de ellas depende todo el colectivo de 6.150 estibadores que trabajan en los puertos y controlan su contratación por parte de las empresas que operan en los las instalaciones portuarias.
