SAN SEBASTIÁN, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, Lourdes Maiztegui, ha afirmado que la justicia gratuita es "una de las inversiones en paz social más importantes en un Estado de Derecho" y ha lamentado que cada cierto tiempo "se ve sometida a tensiones, vaivenes o amenazas".
"Este no es un servicio libre ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin elección de cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las Administraciones competentes, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional", ha señalado.
En esa línea, ha precisado que el servicio es organizado por los Colegios de Abogados y prestado a los ciudadanos en cualquier lugar de España a través de 43.000 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, "un sistema que funciona sin prácticamente quejas de los usuarios".
Maiztegui ha explicado que el último problema que ha surgido sobre este servicio es "el cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA" por parte de la Dirección General de Tributos que establece la aplicación de este impuesto al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.
De este modo, ha advertido de que ese aumento del gasto en un 21% "no sólo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas", sino también la estructura organizativa "ejemplar y única en Europa que lo hace posible".
CAMBIO DE CRITERIO
El cambio de criterio, respecto al vigente desde 1986, se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16 que cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español, y por tanto, "no aplicable al Estado español".
Sin embargo, este nuevo criterio interpretativo se aplica ya en España desde el pasado 26 de enero, "con una celeridad poco frecuente, y obligando a los abogados a entregar una factura al beneficiario de la justicia gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado, sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria".
A su juicio, la medida "no sólo aumenta profundamente la burocratización" del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone "un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano".
De este modo, ha insistido en que la Abogacía "tiene la obligación" de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita así como su "calidad" y, en definitiva, "el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar (artículos 24 y 119 de la Constitución)". "Esta obligación irrenunciable convierte el servicio en un sistema reglado por normas administrativas y sometido a control público", ha añadido.
El Colegio de Abogados de Gipuzkoa, "por legalidad, razonabilidad y eficiencia", ha pedido que se suspenda la aplicación de esta norma "de forma inmediata", que no se grave el Turno de Oficio con el IVA, así como que se aborden las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio "no sólo con eficiencia y eficacia, como hasta ahora, sino con la dignidad que merecen quienes lo realizan cada día con compromiso y de forma ejemplar".
Tras trasladar esta reclamación al Gobierno y a los partidos políticos, ha manifestado a los ciudadanos que tienen derecho a la Justicia Gratuita que la Abogacía "no les dejará nunca desasistidos". De este modo, ha asegurado que pondrá en marcha "todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados del Turno de Oficio".
