SANTANDER, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El decano del colegio cántabro, Andrés Diego Martínez, ha señalado en rueda de prensa que este cambio de criterio del Ministerio de Hacienda "pone en riesgo" la asistencia jurídica gratuita y supone una "burocratización" a su entender innecesaria, puesto que obligará a los abogados del turno de oficio a emitir una factura de cada servicio y a presentar la declaración trimestral a efectos del IVA.
Según ha explicado, el cambio de criterio se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2016 que responde a una consulta de Bélgica, sin tener en cuenta que en el sistema español, el turno de oficio es un servicio de naturaleza pública y obligatoria que sufraga la administración, mientras que en el belga se presta "de manera voluntaria" por los abogados y el servicio no es gratuito.
La DGT considera aplicable esta sentencia al turno de oficio español al determinar la onerosidad de estos servicios, ya que, aunque no son retribuidos por los beneficiarios de la asistencia jurídica, sí son abonados por un tercero, en este caso la Administración Pública competente.
El decano del Colegio de Abogados de Cantabria ha señalado que de esta forma, el turno de oficio, para el que los presupuestos regionales de 2017 consignan una partida de 1,98 millones de euros, se encarecerá un 21% para las arcas regionales, lo que a su vez pone en peligro la negociación pendiente con el Gobierno regional para revisar los módulos del turno de oficio, que según ha recalcado, son "exiguos" respecto a otras comunidades autónomas.
Unos módulos que se acaban de actualizar un 7% a través del IPC correspondiente desde 2007. Según ha señalado Andrés Diego Martínez, la sujeción del turno de oficio al IVA no ha provocado ninguna baja entre los aproximadamente 550 abogados cántabros que prestan este servicio, pero sí "mucha preocupación" por las obligaciones fiscales que conlleva.
