BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)
La sentencia, declarada firme y contra la que no cabe recurso alguno por conformidad de las partes, recoge que la acusada, abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya y actuando como tal, y el acusado, actuando como asesor jurídico, puestos de común acuerdo y con el objetivo de obtener un "enriquecimiento ilegítimo", contactaron en el mes de marzo de 2012 con un ciudadano senegalés, a quien ofrecieron gestionar su solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Los acusados aseguraron, "faltando a la verdad" al ciudadano senegalés, que podrían obtener la autorización señalada, por lo que éste, confiando en el ejercicio profesional de los acusados, entregó a la abogada 2.300 euros, cantidad que hizo efectiva en su despacho profesional el 26 de abril de 2012.
Esta cantidad estaba destinada a ambos acusados. La letrada entregó a la víctima un recibo por solo 300 euros y le prometió que le conseguiría un contrato de trabajo con el cual obtener la autorización de residencia.
El 11 de septiembre de 2012, el estafado presentó ante la Subdelegación del Gobierno de Bizkaia solicitud de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, aportando para ello la documentación que le habían entregado el acusado y la acusada.
Entre esa documentación se encontraba un contrato de trabajo de fecha 10 de mayo de 2012, en que aparecía la víctima en calidad de empleado de hogar externo contratado por una mujer, contrato que ésta mujer nunca había realizado.
Junto con el contrato, se acompañaba una fotocopia del DNI de la contratante, además de una declaración de IRPF correspondiente al año 2011, documento también falso. Denegada la solicitud al varón senegalés, éste se puso en contacto con la acusada y el acusado, quienes le manifestaron que volviese a solicitarla y le entregaron documentación antes de que Augusto accediese al interior del edificio de la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia.
En esta segunda ocasión, el contrato entregado era de fecha 18 de febrero de 2013 y la empleadora era otra mujer, con residencia en Berriz (Bizkaia). También se acompañaba DNI de la empleadora y copia de declaración de IRPF del ejercicio 2011, todo ello, al igual que en la primera ocasión relatada, falso. Esta segunda solicitud de regularización también fue denegada y la víctima reclamó por los perjuicios causados.
El asesor condenado, de 71 años de edad, cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia en este procedimiento, por haber sido ejecutoriamente condenado en virtud de sentencia firme de fecha 11 de octubre de 2011 dictada por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Bilbao por un delito de estafa y falsificación en documento.
Por su parte, la abogada, de 49 años, cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia en este procedimiento por haber sido ejecutoriamente condenada en Sentencia de fecha 13 de mayo de 2008 dictada por la Sección sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia a la pena de dos años de prisión, sustituida por 545 días de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, por delito de Estafa, abogada en ejercicio en el momento de los hechos.
