MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press y con fecha de 14 de febrero, el magistrado Jorge Israel Bartolomé Moriano acepta la inhibición de las diligencias previas seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid si bien mantiene el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa.
La querella, interpuesta contra la cúpula del colegio de procuradores madrileño por un delito de falsedad en documento público cometido por funcionarios y otro de prevaricación, fue admitida a trámite por la Sección 17 de la Audiencia Provincial. Según se relata en la denuncia, de 2003, el texto aprobado tras la votación de la Junta para modificar el estatuto no coincidió con el que finalmente apareció en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Según expusieron, se añadieron seis artículos --dos disposiciones transitorias y una final al texto original-- los cuáles "no fueron debatidos ni aprobados" en la Junta General del IPCM de 18 de diciembre de 2003. Sin embargo el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid decreta el archivo de la causa pese a que no es firme y frente al mismo cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.
"PERSECUCIÓN INDISCRIMINADA"
El Colegio de Procuradores ha manifestado por su parte que este auto ratifica que el Colegio actuó en todo momento dentro de la legalidad, avala jurídicamente las tesis del Colegio y desmonta "la persecución indiscriminada de siete miembros que se han atribuido el carácter nacional contra los órganos rectores del Colegio de Madrid".
Además anuncian que emprenderán acciones legales de manera contundente para perseguir a la ADP, "que ha querido manchar sin éxito el nombre del Colegio y la de sus miembros". El decano de los procuradores madrileños, Gabriel de Diego Quevedo, ha defendido que esta resolución restituye "el enorme daño personal y profesional causado a los querellados y a la profesión, y subraya el desmesurado afán incriminatorio de los querellantes".
