MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El sindicato policial y la asociación han presentado este martes una denuncia ante la Audiencia Nacional al entender que el acto de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos --tal y como se expresa en la invitación del Gobierno dirigido por Uxue Barkos anexa a la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional--, puede llevar a la realización de "acciones coercitivas" hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.
En este sentido, solicitan la prohibición de la celebración del homenaje y en su caso que se libre oficio la Unidad Central de Inteligencia (UCI), al Servicio de Información del Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil para que hagan un seguimiento de la celebración del homenaje. Asimismo, instan a que si se dan estos delitos, se proceda a la "inmediata e inequívoca" disolución del acto, la identificación de sus autores y emitan los informes oportunos.
REESCRIBIR LA HISTORIA
Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía aseguran con este acto se está tratado de "reescribir la historia" al asemejar los asesinatos de ETA con las "represiones violentas de índole política" y humillar a las víctimas del terrorismo equiparándolas con asesinos que perdieron la vida en enfrentamientos armados con los cuerpos policiales.
"Que por la esencia de los convocantes y el lema de la convocatoria todo hace pensar que es un acto ideado para injuriar y calumniar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente a la Policía Nacional y la Guardia Civil, equiparando sus acciones legítimas a las de actos terroristas", afirma la denuncia. Tienen la finalidad de expulsar a los policías del País Vasco y Navarra, "identificándose con una de las reclamaciones históricas de la organización terrorista ETA", apostilla.
Añaden que tampoco se puede descartar que este acto fomente el delito de odio hacia estos colectivos y recuerda que en la localidad navarra de Alsasua dos guardias civiles fueron agredidos por un grupo de 12 simpatizantes de la izquierda abertzale radical en la madrugada del pasado 15 de octubre.
Los denunciantes han aportado junto a la denuncia una noticia en la que se explica que "el Ejecutivo trata de igualar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con los grupos violentos de extrema derecha".
Además, la denuncia reproduce parte de dicho artículo para subrayar que el acto conlleva enmascarado que "se victimice todo para tratar de
confundir la realidad vivida con el terrorismo de ETA, usando expresiones como 'todo tipo de víctimas', 'de uno y otro lado', 'de todas las violencias'".
