MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Dicha medida, según explican desde este organismo, requeriría reformar la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral y la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de hacer preceptiva la presencia de un abogado de la víctima en casos de violencia doméstica o de género, con la finalidad de "asesorarla, acompañarla e intervenir profesionalmente en su nombre".
Representantes del observatorio y del ámbito legal y político han participado este jueves en una reunión presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, a la que han acudido el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; representantes de los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como de la Consellería de Justícia de la Generalitat de Cataluña, en representación de los Gobiernos de las doce Comunidades Autónomas con las competencias transferidas en materia de Justicia; y de los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de España.
Además, varios representantes de los organismos que conforman el observatorio intervendrán en el Congreso ante la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género para manifestar, en condición de expertos, los cambios necesarios para mejorar la lucha contra la violencia machista y su prevención.
"El Observatorio entiende igualmente que la ampliación del concepto de violencia de género que se lleva a cabo en el Convenio de Estambul hace necesario que el legislador incluya las nuevas conductas consideradas como violencia sobre la mujer en dicho Convenio en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. También se expondrá a los parlamentarios la necesidad de impulsar la integración y coordinación de todos los sistemas informáticos, así como de potenciar las Unidades de Valoración Forense y las Unidades de Atención a la Víctima", explican desde esa institución.
