MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
Según ha indicado en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados consideran que no ha quedado acreditado que se llevara a cabo un delito de estafa en el proceso de comercialización de estos productos financieros.
En opinión de la Sala, la Fiscalía y la entidad han aportado sólidos argumentos que apuntan a que el banco "no ha maquinado actividades con rasgos delictivos, tendentes a producir un masivo engaño en los inversores".
La Sala confirma de este modo la decisión tomada por el instructor del caso, Ismael Moreno, que dictó el sobreseimiento sin perjuicio del ejercicio de las acciones penales y civiles que pudieran proceder por actuaciones individualizadas producidas en la oferta y venta de los citados valores en las distintas sucursales de la citada entidad en territorio nacional.
La Sección Cuarta defiende que en la emisión de tales valores, el banco se aseguró de disponer de toda la información necesaria sobre sus clientes y de mantenerlos siempre adecuadamente informados, y que asimismo hubo una actividad selectiva en la comercialización del producto, consecuencia de las evaluaciones efectuadas por los comerciales del banco.
Tampoco se ha constatado --agregan-- que las supuestas irregularidades formales en la comercialización del producto afectarán a múltiples perjudicados, teniendo en cuenta la comparación entre el número de reclamantes y el número de inversionistas (la entidad apelada habla de 130.000 operaciones de suscripción).
NO ERA RENTA FIJA
La Sala rechaza, además, que haya podido demostrarse que dichos productos se ofrecieran como inversión en renta fija, puesto que sus características y los riesgos que se asumían distan mucho de la denominada renta fija.
Estas obligaciones necesariamente convertibles en acciones del banco fueron emitidas en octubre de 2007 por valor de 7.000 millones, lo que equivalía al 5,5% del capital social de la entidad cántabra.
