MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
En concreto, Catalá se ha reunido en Madrid con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces por la Democracia, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente para dialogar sobre las líneas generales de la actuación del Ministerio en relación a las demandas y necesidades de estos colectivos. El objetivo era abordar los nuevos proyectos legislativos "desde el consenso", tal y como ha afirmado el Ministerio en un comunicado.
En este sentido, todos han convenido en la necesidad de revisar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de nombramientos de los presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, introduciendo criterios de transparencia y objetividad en los procesos selectivos.
Otra de las medidas señaladas por el ministro como prioritarias para abordar en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para otorgar a los fiscales la dirección de la fase de investigación y agilizar la Justicia penal.
También se ha puesto sobre la mesa la revisión del proceso judicial civil así como la desjudicialización del Registro Civil a través de una reforma que mantenga el modelo de registro público, gratuito y electrónico y lo haga más eficaz y operativo.
Asimismo, se han analizado las necesidades de la planta judicial en todo el territorio y las prioridades en cuanto a dotación de plazas, de forma que se fomente la carrera profesional entre el personal al servicio de la Administración de Justicia.
En relación a esta materia, los colectivos han planteado la necesidad de revisar el sistema de retribuciones de la carrera judicial e introducir factores de promoción profesional en el estatuto de jueces y magistrados. Unas peticiones que el ministro ha condicionado a las disponibilidades presupuestarias y, en particular, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en un contexto de reducción del déficit público.
Por último, se ha abordado la necesidad de fortalecer la respuesta judicial ante un posible escenario de incremento de demandas y reclamaciones en el ámbito del derecho de consumo.
