MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
En concreto, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo condena a la Administración General del Estado a "reponer a los cesados como miembros del organismo regulador de las Telecomunicaciones de España, con abono de los salarios correspondientes desde la fecha del cese hasta el momento de su reposición, con los intereses correspondientes".
El Supremo añade en su fallo que, en el supuesto de que no sea posible material o legalmente ejecutar lo decidido, podrá iniciar el proceso para establecer una indemnización que sustituya la ejecución de la sentencia en sus propios términos, tanto y como está previsto en el artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción.
La sentencia sigue la recomendación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que ambos ceses eran contrarios a la legislación comunitaria y estima los recursos interpuestos por ambos contra los Reales Decretos de 11 de octubre de 2013, que acordaron sus ceses.
La Sala Tercera considera que el mandato inicial de seis años del presidente y los consejeros, que habían sido nombrados en mayo de 2011, "se cercenó y se redujo a menos de la mitad" tras la fusión de los órganos reguladores sectoriales en un regulador único, la CNMC, sin que los titulares del órgano hubieran incurrido en ninguna de las causas legales de cese.
De hecho, añade que su destitución se debe únicamente al mero hecho de la reforma institucional de la autoridad nacional de reglamentación, realizada por la Ley 3/2014, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tuvo por efecto "poner fin y extinguir los mandatos de los recurrentes".
En este aspecto, incide en que, de acuerdo con lo declarado por el TJUE, una reforma legal de la autoridad de regulación como la examinada "no conforma una razón suficiente para el cese de sus directivos salvo que se prevean reglas que garanticen que dicho cese antes de la finalización de los mandatos no menoscaba la independencia e imparcialidad de las personas afectadas".
Para el Tribunal Supremo, al tratarse de un cese anticipado de un mandato legal, "era obligado velar por que no se afectara a la independencia de los miembros de la CMT" a través de cautelas idóneas y adecuadas para garantizar el mandato íntegro.
Por todo ello, la Sala Tercera concluye que "la omisión de dichas medidas y el efectivo cese en virtud de la reforma legal afectó a la independencia inherente a la función desarrollada por los recurrentes en cuanto miembros de la CMT, razón por la que el recurso debe ser acogido".
En este sentido, la sentencia agrega que la reforma debió partir del respeto al nombramiento inicial realizado al amparo de la anterior Ley e introducir disposiciones necesarias dirigidas a permitir agotar el mandato inicial.
