EVITAR LOS COSTES DE UNA MALA SEPARACIÓN
Más de 600.000 ciudadanos (muchos de ellos hijos menores) pasan anualmente por los juzgados como consecuencia de un conflicto familiar. Si a ello añadimos que el divorcio es una de las situaciones más estresantes por las que puede pasar cualquier persona, llegaremos a la conclusión de que estamos ante una parcela importante de la realidad social.
La respuesta que el sistema judicial da a este tipo de litigios es de baja calidad, pues se gestionan con instrumentos exclusivamente jurídicos que provocan insatisfacción en las partes y un alto desgaste emocional, especialmente en los hijos que son los grandes perdedores en estas disputas de adultos.
Además, los “malos divorcios” tienen un elevado coste para la sociedad, porque suelen generar “daños colaterales” en aspectos tan variados como el educativo, el sanitario o el laboral. Muchos niños y niñas con problemas han sufrido un divorcio traumático de sus progenitores.
Una mejor gestión de los conflictos familiares requiere medidas públicas imprescindibles: un Código de la persona y de las familias, especializar juzgados y tribunales e incrementar los recursos sociales de apoyo a los jueces de familia (Equipos Psicosociales, Puntos de encuentro familiar, Servicios de mediación, Coordinadores de parentalidad). Pero también que los afectados asuman una mayor implicación en la resolución de sus discrepancias, pues delegar en terceros (jueces, abogados) no es siempre la mejor alternativa.
Dadas las limitaciones del sistema judicial a la hora de afrontar la litigiosidad familiar, la mediación empieza a verse, cada vez más, como una alternativa preferible a la “imposición” que toda sentencia supone. La mediación propicia el diálogo, facilita el acuerdo y, en definitiva, puede ayudar a que los propios interesados encuentren una solución de mayor calidad a su conflicto familiar.
